Las familias de las chabolas de Fuencarral reciben la orden de derribo

Esta vez el telegrama también portaba malas noticias. Miembros de la familia Vargas, un clan de tres generaciones de etnia gitana que residen en un asentamiento chabolista situado en el distrito de Fuencarral El Pardo desde hace casi una década, se presentaron por la mañana en los juzgados de plaza de Castilla con el papelito en la mano. Recogieron la notificación y salieron de dudas. Sí, la citación fijada para el 2 de abril era para lo que temían: el Ayuntamiento de Madrid pide autorización para entrar en sus casas y “proceder a la demolición de obras no amparadas en licencia”. El informe municipal, que se inició en 2009, afectaba a siete chabolas. Ahora son el doble, construidas alrededor de una explanada a modo de plaza del pueblo, a las que se han ido sumando otros miembros y en las que conviven una veintena de menores. Las casas están ubicadas en mitad de un terreno privado que forma parte de un plan urbanístico lastrado por la crisis, la prolongación de La Castellana.

Las familias disponen ahora de cinco días para presentar un recurso de súplica e intentar frenar los derribos “unos meses” hasta conseguir una vivienda social, como explica Manuela Cortés Vargas, una de las habitantes del asentamiento. Tiene cuatro hijos. El más pequeño sufre una hidrocefalia. “Estamos muy mal, ¿cómo vamos a estar?”, resumía ayer por la noche.

Las notificaciones han llegado a su chabola, a la de su padre, dos hermanas y un hermano y a las de dos de sus primas. Todos acudieron ayer por la mañana a Plaza de Castilla, con los niños más pequeños en brazos y en carritos, tras dejar al resto en un colegio cuyo futuro también peligra. El anuncio de los derribos coincide con la noticia del próximo cierre del colegio Vasco Núñez de Balboa, un centro público con un 70% de población gitana al que acuden la mayoría de los menores de los Vargas. La Consejería de Educación quiere cerrar el centro el curso que viene para fusionarlo con otro de la zona.

Los habitantes del asentamiento, que ya vieron como se quemaron parte de las casas en 2007, han pedido ayuda a Cáritas para conseguir realojos en viviendas protegidas de las que la Comunidad de Madrid acaba de ceder a distintas ONG. Son unas 800 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

El grupo municipal socialista llevará además una iniciativa al próximo pleno de la junta de distrito de Fuencarral, previsto el miércoles de la semana que viene, para pedir al Ayuntamiento “que actúe y programe una intervención social ante la difícil situación de estas familias”, señala el concejal Pedro Zerolo. “Queremos una solución inmediata y duradera”, reclamó ayer el edil, que asegura que “si es necesario” elevará el asunto a comisión y al pleno de Madrid.