Alquiler difícil, hipoteca imposible

Estos son los datos objetivos. Saque usted sus conclusiones.

Dato 1. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) firmó el 18 de octubre de 2012 un contrato de opción de compra con Renta Corporación para venderle a la inmobiliaria cinco bloques de pisos en el distrito Centro por 21 millones de euros. Estaban en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas en 6,7 millones), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones). De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero público, 117 estaban ocupados por familias que, pese a ser viviendas libres, pagaban un alquiler social inferior a 200 euros.

A los vecinos se les ofreció firmar un nuevo contrato con Renta Corporación a precio de mercado, o trasladarse a pisos de la EMVS “de similares características” y con el mismo alquiler, pero, en la mayoría de casos, en otros distritos. Los inquilinos, de los que más del 40% eran de avanzada edad y habían pasado media vida en esos pisos, se negaron.

A primeros de diciembre, Renta Corporación renunció a la opción de compra, y la operación se canceló. La inmobiliaria, que debía compensar a la EMVS con 300.000 euros, se acogió a un concurso voluntario de acreedores en marzo, con una deuda de 185 millones. De las 117 familias, 12 aceptaron irse a otras viviendas.

Dato 2. Los vecinos exigieron a la EMVS que, antes de vender sus casas a un tercero, se las ofrecieran a ellos. Aducían que así figuraba en los contratos de alquiler, firmados hace dos décadas.

Una vez que Renta Corporación renunció a la operación, la EMVS ofreció en febrero los pisos a sus inquilinos al mismo precio al que iba a adquirirlas la inmobiliaria: entre 68.000 (por 30 metros cuadrados) y 201.000 euros (por 100). Esos precios corresponden a vivienda libre (aunque sean muy similares a los de la vivienda protegida), pero los inquilinos pagan un alquiler social precisamente porque su renta familiar es inferior a 1.330 euros al mes.

La EMVS obligaba a pagar los pisos de una tacada, es decir, mediante hipoteca. Sin embargo, la cuota mensual de los préstamos sería en muchos casos superior a la renta de las familias; eso, si les otorgaban el préstamo, algo más que dudoso teniendo en cuenta su situación financiera y edad.

Los inquilinos protestaron por las condiciones. La EMVS les respondió en marzo que consideraba rechazada la oferta de compra. Reconoce a EL PAÍS que podría haber llegado a un acuerdo con los vecinos para que el precio de adquisición fuera inferior, asegurándose que, en caso de fueran a vender luego la vivienda, tuvieran que ofrecérsela antes al Ayuntamiento por ese mismo precio. Sin embargo, eso supondría en su opinión un agravio comparativo para el resto de beneficiarios de vivienda protegida.

Dato 3. Los contratos de alquiler de las 117 familias vencen cada dos años, según la EMVS. Las familias creen en cambio que se rigen por el Decreto 100/86, es decir, que la renovación es automática de por vida en las mismas condiciones. La EMVS considera que 24 de esos contratos ya han vencido, y que aproximadamente medio centenar lo hará antes de junio. Por eso, ha dejado de cobrar el alquiler, y ha indicado a esos inquilinos que se dirijan a sus oficinas para formalizar un nuevo contrato. Tendría cinco años de vigencia, con tres de prórroga. El precio sería “en principio” similar al actual. La vivienda, la misma. Las familias deberían demostrar que cumplen los requisitos para beneficiarse del alquiler social. A los ocho años, se renovaría (en caso de seguir cumpliéndolos), aunque no se les asegura que entonces se mantengan las mismas condiciones y la misma vivienda. Los inquilinos se han negado, y han seguido pagando su alquiler en una cuenta de la EMVS de forma irregular. Ese dinero se les devolverá en breve.

Dato 4. Las familias anunciaron ayer que presentarán próximamente una querella contra la EMVS y el Ayuntamiento por los presuntos delitos de coacciones, contra la integridad moral y estafa. En resumen: por acoso inmobiliario.

En opinión de uno de sus abogados, Endika Zulueta, la EMVS ha practicado “un escrache institucional” contra esas familias para “diluir su resistencia” mediante técnicas de hostigamiento “que individualmente no son delito” pero sí en su conjunto.

Según Zulueta, esas familias simbolizan “la lucha por el derecho a una vivienda digna, como las protestas de los médicos lo son por una sanidad pública de calidad”.

Para probar esas afirmaciones, el psiquiatra y perito judicial Pau Pérez realizó “una evaluación del daño a la salud física y mental” presuntamente ocasionado a estas familias, a partir de 105 entrevistas en 55 hogares. El 43% de estas personas superaba los 65 años de edad; la mitad del total eran parados, jubilados o personas con discapacidad.

De entre los encuestados, el 65% denuncia engaños; el 50% falta de respeto; el 34% acciones intimidantes; y el 13% llamadas de hostigamiento. Pérez considera que se han triplicado las consultas médicas por problemas psicológicos, y se ha disparado (del 0% al 18%) el número de afectados que se automedican ansiolíticos. Un 17% de los entrevistados ha tenido ideas de suicidio; una persona asegura que ha llegado a intentar quitarse la vida, aunque sin conseguirlo. El 40% de los entrevistados, sobre todo ancianos, afirma que tiene miedo a salir de casa por si no pudiera regresar a ella. Hay familias que siempre dejan a un miembro en casa por si acaso. La EMVS niega que les vaya a arrebatar sus viviendas.