La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional la privatización

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, asegura que no ve inconstitucional lo que en un comunicado hecho público hoy llama "la reordenación de la asistencia sanitaria madrileña", es decir, la privatización de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud, entre otros cambios en el panorama sanitario de la región. Asegura, sin embargo, que estará "muy atenta a su implantación para evitar situaciones de desigualdad". 

Tanto asociaciones como la de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) como partidos políticos (UPyD e Izquierda Unida) y sindicatos (Amyts, de médicos) han pedido recientemente a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad -ellos no pueden, dado que se necesitan al menos 50 senadores o 50 diputados- contra la norma que recoge el plan privatizador. Se trata de la ley 8/2012, aprobada el 28 de diciembre pasado gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea, que faculta al Servicio Madrileño de Salud para “adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales inaugurados en 2008. Se trata del mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España y supone que la atención de cerca de 1,5 millones de madrileños pase a manos de empresas.

La Defensora del Pueblo considera que los artículos 62 y 63 de esta ley "no presentan indicios de inconstitucionalidad". No obstante, añade, "la institución seguirá con especial interés tanto el proceso de implantación de este nuevo modelo como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial". La Defensora recuerda a los ciudadanos que crean que sus derechos son lesionados que pueden presentar una queja. Asimismo, señala que "en caso de que este nuevo modelo sanitario ocasione un deterioro de la calidad del servicio, la oficina del Defensor del Pueblo intervendrá".

El PSOE presentó la semana pasada su propio recurso de inconstitucionalidad, cuya argumentación se basa en parte en un informe jurídico de 56 páginas encargado por la Afem al bufete López Rodó & Cruz Ferrer. Afem, uno de los colectivos más activos en la marea blanca de protesta contra la privatización de la gestión sanitaria, entregó una copia de ese informe a los portavoces de Sanidad de la Asamblea, el Congreso y el Senado, a la ministra de Sanidad, al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo. El informe jurídico ha sido costeado gracias a una campaña de donaciones. Parte de los 180.000 euros proceden del día de “no huelga” que se organizó el 12 de febrero pasado, en el que Afem invitaba a los sanitarios a donar el salario que perderían haciendo huelga “para la defensa jurídica de la sanidad pública”.

La Defensora considera que "faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo dado que se desconoce el desarrollo del proceso de contratación y las normas de control y supervisión que establecerá la Comunidad de Madrid", señala el comunicado. La falta de información y de transparencia del proceso es precisamente uno de los principales argumentos de los contrarios a la privatización, entre los que figuran las sociedades científicas, las asociaciones profesionales y el Colegio de Médicos de Madrid, entre otras instituciones que representan al colectivo sanitario.

Becerril señala que "se debe asegurar la pluralidad entre las entidades privadas adjudicatarias para evitar que ninguna adquiera una posición dominante". El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró hace unos días que su intención era diseñar los pliegos de condiciones de manera que resultaran adjudicatarias diferentes empresas. La Defensora también considera "necesario garantizar que el gasto por enfermo resulte equivalente tanto en la función asistencial realizada por el Servicio Madrileño de Salud como en la realizada por las entidades privadas". Y finalmente, Becerril aboga por reforzar derechos de los usuarios como la libre elección o la segunda opinión, y considera la posibilidad de establecer un sistema para que los profesionales dejen constancia de su criterio sobre la conveniencia de derivar a un paciente a un servicio concreto. 

El informe de Afem denuncia, entre otras cosas, que el Gobierno regional carece de estudios económicos que justifiquen el ahorro de la privatización. También la creación de dos sistemas paralelos en la prestación sanitaria: el de los hospitales públicos, con un presupuesto asignado y que trabajan en red, y el de los privados, cuya retribución se basa en mantener a los pacientes que tienen asignados y que son penalizados si les remiten a otros centros.