El pacto necesario

Hay hechos que mandan a la basura centenares de frases banales, repletas de patrioterismo de quincalla que no conducen a ninguna parte. Por ejemplo. El presidente de la Generalitat en su búsqueda de aliados para modificar el actual modelo de financiación se reúne con su homólogo madrileño, Ignacio González. Ambos concluyen lo sabido de antemano: urge un cambio. Pero ¿es González el compañero de viaje más adecuado para este viaje? ¿Es seguro que el proyecto del presidente madrileño es el más conveniente para los valencianos? ¿Qué capacidad de influencia tiene el presidente de la Comunidad de Madrid sobre Mariano Rajoy con quien está enfrentado en el PP desde hace lustros? Otro hecho. Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, líder de un gobierno que predica el soberanismo de su territorio, situado en las antípodas de la visión de España que tienen los populares, y con problemas financieros y económicos muy similares a los que padecemos los valencianos, se reúne discretamente con Rajoy en la Moncloa para hablar de lo que más interesa a los catalanes: la flexibilización del objetivo del déficit y de la financiación. Véase la diferencia. Más se reúne directamente con el banquero, Fabra con un intermediario que mantiene unas pésimas relaciones con quien tiene la bolsa —magra, pero bolsa al fin y al cabo— del dinero. ¿Explican estos dos encuentros el peso político de cada cual? ¿Es necesario subrayar la obviedad de que a los valencianos nos interesa más viajar con los catalanes porque lo que está en juego no es solo el sistema de financiación, que también, sino el corredor mediterráneo que boicotea siempre que puede Ignacio González?

La situación de la Comunidad Valenciana no es envidiable. Huérfana de apoyos políticos en Madrid, con una pesada mochila de casos de corrupción, económicamente quebrada y financieramente irrelevante, es incapaz de diseñar una política propia con la fuerza necesaria para llamar la atención más allá del puerto de Contreras. La última intentona surgida desde el Palau de la Generalitat, la propuesta de un acuerdo de la sociedad civil por la Comunidad Valenciana, nace lastrada por el sectarismo partidista que la inspira y por la misma inanidad de su contenido. Los populares, desde que ocuparon el poder de la Generalitat allá por 1995, siempre han confundido los intereses de la institución con los suyos propios. Y mientras hubo dinero a espuertas con que comprar voluntades, la mal llamada sociedad civil firmaba todo documento, plan o acuerdo que se le ponía por delante. Los desastres perpetrados en los últimos años parecía que les había hecho reflexionar. Pero no, el gran acuerdo que se propone desde la Generalitat se concibe desde la exclusión del otro, del que no piensa igual. A un lado los “buenos”, la cacareada sociedad civil que el documento (en negrita) reduce a las empresas (léase patronales) y las administraciones (públicas, por supuesto) En el otro, los “malos”, los partidos de la oposición (es cosa sabida que los partidos, salvo el PP, no forman parte de la sociedad civil. Los ayuntamientos, las diputaciones, el Gobierno de la Generalitat sí, claro. Debe ser porque allí no hay políticos) a quienes se les da cocinado el acuerdo para el trágala.

No parece que las obviedades, por mucho que se solemnicen, soluciones problemas

El texto del acuerdo y los compromisos (hay que tener moral para llamarlos así) que se adquieren apenas van un paso más del umbral de la mera descripción de los hechos. Natural que algunos de los llamados a estampar su firma se nieguen a salir en la foto. Y algunos que la estamparán son conscientes de que estos están muy lejos del mínimo exigible por ellos mismos (José Vicente González, de Cierval, y Salvador Navarro, de la CEV, presidentes de las dos grandes patronales valencianas no me dejarán por mentiroso). Dice el vicepresidente José Ciscar que es imposible estar en desacuerdo con el documento. Lleva razón. Como es imposible disentir de la afirmación de que la tierra es redonda y gira alrededor del sol. No parece que las obviedades, por mucho que se solemnicen, solucionen problema alguno. Y este acuerdo no es más que eso un catálogo de solemnes obviedades de escaso, por no decir nulo, contenido reivindicativo. ¡Está plagado de glorias ofrendadas a España! A estas alturas.

El pacto es necesario y debería hacerse un esfuerzo para sumar, no para restar. Está muy bien que el Consell apele a su sociedad civil, siempre tan obsecuente, pero en la redacción deberían participar los partidos de la oposición, los sindicatos, las universidades… para alumbrar un texto que tal vez moleste en Madrid, pero en el que puedan reconocerse la mayoría de los valencianos. Cocinar un texto entre el Palau de la Generalitat y las patronales para hacerlo pasar por una propuesta de todos no es de recibo. Son otros los tiempos.

Por cierto, alguien debería explicarle al vicesecretario del PP, Miguel Ortiz, que ya no cuela calificar de antivalencianos a quienes no comulgan con las ruedas de molino de su partido. Entre otras cosas porque una formación política con tanto imputado y presunto delincuente en sus filas ya no está para dar lecciones a nadie y menos para expedir títulos de valencianía.