La gestión de las ayudas sociales por Lanbide centra las quejas ciudadanas

Las actuaciones del Ararteko (consultas, quejas ciudadanas, visitas y actuaciones de oficio) aumentaron un 42,6% el año pasado con respecto a 2011 hasta alcanzar las 11.770 intervenciones, según los datos del informe anual que el titular del Defensor del Pueblo vasco, Iñigo Lamarca, ha entregado esta mañana a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria.

El crecimiento resulta exponencial en el caso de las quejas relacionadas con la gestión de las ayudas sociales y la lucha contra la exclusión, que han pasado de apenas 32 en 2010 a 329 el siguiente ejercicio y ya llegaron a 1.010 el pasado año. Casi el 90% de estas últimas (875 en total) están relacionadas con el mal funcionamiento de Lanbide.

Lamarca se ha mostrado tajante asegurando que el Servicio Vasco de Empleo "no funcionó bien” el año pasado, a consecuencia de la carga excesiva de trabajo por la crisis y el que incorporase a sus competencias la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). "Hubo mala praxis administrativa. La anterior Administración [socialista] era consciente de ello y el argumento que daba es que los problemas nacían de que la transición entre modelos no se hizo en las condiciones adecuadas, la demanda aumentó y la consecuencia fue el colapso de Lanbide en la gestión de la RGI y el complemento de vivienda", ha añadido.

Esta transición entre modelos a la que alude fue la decisión de la anterior consejería encabezada por Gemma Zabaleta de atribuir a Lanbide la gestión de ambas ayudas sociales, que hasta entonces desarrollaban las Diputaciones.

El ararteko ha reconocido que los anteriores rectores de Lanbide hicieron esfuerzos para corregir las deficiencias constatadas, pero "a 31 de diciembre de 2012 todavía eran muchos los ámbitos donde no funcionaba bien". A su entender, "uno de los retos de Lanbide es, desde luego, mejorar la gestión para que la Renta de Garantía de Ingresos y el complemento de vivienda sea correcta, se realice en plazo, sin colas, etcétera".

El Ararteko pide eliminar trabas para conceder el tercer grado a presos etarras

El Defensor vasco ha valorado la actitud del nuevo Ejecutivo en esta materia, con el que ya ha iniciado conversaciones para redefinir las áreas de actuación de Lanbide y centralizar su trabajo en la reactivación laboral de los parados. "Hay un compromiso público para que la petición y trámite de las ayudas se realice en el plazo más breve posible", ha precisado.

En conjunto, el Ararteko recibió en 2012 un total de 3.012 quejas nuevas. De ellas, 2.943 fueron reclamaciones presentadas por los ciudadanos y 69 actuaciones de oficio. Este número es el más alto desde la creación del Defensor y supone un aumento de un 50%, aproximadamente, en los últimos dos años.

Después de evaluar la actuación de la Administración contra la que se había presentado la queja, se ha considerado que existía alguna actuación incorrecta en el 55% de las analizadas, lo que supone un ligero incremento. La institución afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en un 85,78% de los supuestos.

Como en 2012, el Gobierno autónomo ha sido la Administración contra la que más reclamaciones se han dirigido (65,83%), mientras que han descendido las relativas a acciones de los Ayuntamientos (20,02%). Las quejas contra las Diputaciones suponen el 11,21%. De ellas a Bizkaia corresponden 42 reclamaciones, a Álava 83 y a Gipuzkoa otras 46.

Por otra parte, 12 consistorios han sido motivo de apercibimiento. Dos de ellos continúan sin atender los requerimientos del Ararteko, en concreto los de Artziniega y Barakaldo.

Lamarca pide también en su informe que se eliminen las disposiciones especiales relativas a las bandas y delitos terroristas que impiden la concesión del tercer grado penitenciario y el acceso a la libertad condicional de los presos, en especial los de ETA.

Igualmente reitera su demanda para que “todas las personas presas cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen” y critica la falta de colaboración del Departamento de Interior respecto a la vigilancia de los reclusos que reciben atención hospitalaria fuera de las cárceles, cuyo derecho a la intimidad requiere “que la fuerza policial encargada permanezca fuera de la consulta”.