El Canal opta al concurso para dirigir la empresa de aguas de Lanzarote

El Canal de Isabel II, la empresa pública más importante del Gobierno regional, quiere expandirse fuera de los límites de la Comunidad. Esta compañía, cuyo futuro público está en el aire tras el anuncio pospuesto varias veces de ser parcialmente privatizada, se ha presentado para gestionar Inalsa, la empresa de aguas de las islas de Lanzarote y de La Graciosa. Esta se encuentra en un procedimiento de administración concursal, arrastra unas deudas de unos 50 millones de euros y necesita una inversión de otros 20 millones. El PSM ha pedido explicaciones al Ejecutivo autonómico porque teme que tras esta operación se esconda “un negocio entre amigos”.

La candidatura del Canal de Isabel II es la única presentada por una empresa pública y que además no tiene hasta la fecha ningún negocio en las islas. Enfrente tiene a dos pesos pesados de la distribución y gestión del agua, como Canaragua y Gestagua. La primera es una filial de Aguas de Barcelona en Canarias. En las islas abastece a unos 900.000 habitantes repartidos en 20 municipios como Telde, San Bartolomé de Tirajaná o La Laguna. La segunda es también una filial, pero en este caso del grupo multinacional francés Saur. Esta comparte con Sacyr la gestión de la empresa de aguas Emalsa, en Las Palmas de Gran Canaria.

Al principio se habían presentado otras dos compañías (Acciona y Aqualia), pero estas al final se retiraron. Está previsto que la concesión sea para un periodo que oscila entre los 25 y los 30 años. La fórmula legal utilizada es la del procedimiento negociado. El pliego de condiciones incluye la revisión de los precios y el periodo de ejecución de las inversiones que debe realizar el adjudicatario.

Está previsto que el concurso se falle en la primera quincena de abril, ya que deberán dar su visto bueno tanto el Consorcio de Aguas, en el que participan el Cabildo y los siete municipios a los que da agua, como el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas. El nuevo adjudicatario deberá hacer frente al pago de la deuda con los acreedores (que suma 42 millones), a los que se añaden otros 10 millones, procedentes de los denominados créditos contra la masa, generados desde que se inició el concurso de acreedores en 2009.

El PSM ha pedido transparencia al Gobierno regional y que explique al detalle el motivo de optar a gestionar una empresa deficitaria. Para la diputada y presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, lo que buscan con esta medida es expandir el Canal a través “de la pura especulación”. En su opinión, se busca hacer mucho más atractiva la empresa de tal forma que no solo gestione el agua de la Comunidad de Madrid. “Esta es la nueva forma de retomar el negocio del ladrillo. Si al final el negocio sale mal, los que van a tener que pagar los platos rotos serán los madrileños, que verán como pierden una empresa rentable y que entra en números rojos”, añade la parlamentaria socialista.

“¿Qué es lo que quiere el PP a través de meterse en un negocio tan poco claro? ¿Quizás asegurarse un fondo de pensiones para el PP con sobres para toda la vida al meter en quiebra a una empresa tan solvente como el Canal de Isabel II? Queremos que se nos explique por qué se va a un negocio tan ruinoso precisamente en este momento”, destacó Valcarce.

Fuentes del Canal de Isabel II rechazaron ayer todas las acusaciones vertidas por Valcarce. Explicaron que el único motivo por el que han concurrido al concurso es que la gestión de Inalsa puede resultar “beneficiosa” para la compañía madrileña. “Se sabe que hay unos costes pero también se espera que haya unos beneficios. Si no fuera así, no se presentarían las otras dos compañías que lo hacen”, destacaron estas fuentes. También recordaron que durante el Gobierno del PSOE en la Asamblea también se dirigió la empresa del agua de Cáceres.