El TSJA ve indicios penales contra Guerrero por el ERE de Mercasevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ve indicios penales en la actuación del ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas cuando en 2003 aprobaron el ERE de Mercasevilla “prescindiendo total y absolutamente” del procedimiento legal establecido, informa Efe. Ambos se encuentran imputados en el caso de los ERE y Rivas ya ha sido condenado por el intento de soborno en el caso Mercasevilla,investigación juzgada recientemente.

La Sala de lo Contencioso del TSJA dice que en el mencionado ERE la autoridad laboral, en este caso Rivas, “habría eludido el control de legalidad, al permitir la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos” necesarios para ser prejubilados en dicho expediente.

El abogado Juan José Sánchez, que defendió al trabajador Joaquín G. M., presentó una denuncia después de que el empleado fuera excluido del ERE de Mercasevilla tras destaparse el caso de los expedientes fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. La Consejería de Empleo comprobó entonces que, en diciembre de 2003, este beneficiario no tenía la edad estipulada de 50 años. Sin embargo, ahora el TSJA corrige la exclusión del trabajador por parte de Empleo porque su decisión “adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho”. El argumento jurídico del TSJA es que previamente hubo una resolución de la autoridad laboral que sí autorizó su inclusión en el ERE.

No obstante, el tribunal constata que “fallaron los controles de legalidad que incumben a la autoridad laboral al incluir a un trabajador que no reunía los requisitos” y que, en consecuencia, la ayuda debe ser anulada ya que ignoró por completo el mecanismo legal establecido por ley. “Puestas de manifiesto una vez más las irregularidades de las autoridades laborales, tanto en la autorización del ERE como en la concesión de ayudas sin procedimiento, debe deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir”. Es decir, el TSJA trasladará las diligencias al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, de Mercedes Alaya.

Por otro lado, Ismael Sierra, cuñado del intermediario Juan Lanzas y supuesto testaferro, ha salido de prisión tras pagar la fianza de 50.000 euros impuesta por Alaya. La exesposa de Sierra ha abonado la suma gracias a la indemnización que percibió tras abandonar su empresa recientemente, ha precisado su abogado José Luis León.

Mientras, el letrado Fernando de Pablo ha anunciado que abandona la defensa de Guerrero por discrepancias con él cuando decidió declarar ante la juez Alaya, antes de que esta le volviera a enviar a prisión la semana pasada. De Pablo había insistido a Guerrero para que no declarara, y a pesar de su consejo profesional, el exdirector de Trabajo volvió a dar sus explicaciones sobre diferentes ayudas e ingresos bancarios recibidos desde Vitalia.

Por otra parte, Alaya ha aplazado sin fecha prevista las últimas declaraciones judiciales del abogado Carlos Leal, responsable del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís y el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, previstas para el pasado lunes.