Ferrocarrils recuperará menos de la mitad del fondo de pensiones ilegal

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) no podrá recuperar ni la mitad de los 2,7 millones de euros que distribuyó entre sus directivos con un plan de pensiones que el Tribunal Supremo consideró ilegal. El consejo de administración de la empresa pública ha aprobado en una reunión celebrada este lunes por la tarde ejecutar las acciones necesarias para conseguir que los dos culpables de la constitución del fondo -según los tribunales-, los expresidentes Antonio Herce y Enric Roig, asuman con su patrimonio el pago de esa cantidad.

Tras confirmarse la sentencia la empresa autonómica inició los trámites para conocer cuál era la situación económica de ambos exejecutivos. Según los informes judiciales, el patrimonio se reduce a inmuebles compartidos por familiares, lo que complicaba que la compañía pudiera recuperar todos los recursos, por lo que fuentes jurídicas vinculadas a FGC consideran que se ejecución de la sentencia "será perpetua": cada año se pedirá un informe de la situación económica para ver si han aflorado recursos que cobrar.

Las negociaciones con Enric Roig han sido más fáciles. El expresidente entre 1993 y 1999 ha aceptado realizar unas permutas para que los inmuebles que compartía con su mujer queden a nombre de uno y de otro. De esta forma, los que queden a nombre de Roig pasarán a ser propiedad de FGC.

El caso de Herce, presidente de FGC entre 1999 y 2002 y mucho más joven que Roig, es muy diferente. Ha emplazado a la empresa pública que ejecute la sentencia, lo que quiere decir llevar a subasta sus activos. La propiedad de los inmuebles también es compartida pero en su caso se ha negado a alcanzar un acuerdo que facilitara la transmisión directa de la propiedad, por lo que FGC no es optimista en cuanto al resultado de las subastas y a la posibilidad de ingresar el dinero. 

La situación es compleja, pero FGC quiere pasar página a un asunto que se remonta a los años noventa. Según la sentencia, ambos ejecutivos debían asumir el pago de los 2,7 millones de euros más los intereses, lo que situaría la cifra en estos momento cerca de los cinco millones de euros.

Herce y Roig no fueron los únicos directivos que se beneficiaron del plan de pensiones pero sí los únicos en ser condenados, como artífices del plan. De hecho, la dirección de FGC encargó un estudio a un independiente para conocer si era viable emprender acciones legales para que el resto de beneficiarios del plan de pensiones devolvieron las cuantías que ingresaron. Fuentes de la compañía han explicado que las conclusiones del informe consideraban muy pequeñas las posibilidades de que la justicia les diera la razón mientras que el riesgo de perder suponía un gasto cercano al millón de euros. Con esa balanza en la cabeza, el consejo de administración ha votado en contra de esa posibilidad y ha dado carpetazo al asunto.