“Actuamos en defensa del interés público”, dice el gobierno local

El Ayuntamiento de Ourense niega la venta de suelo público a Copasa “porque tenía cero metros cuadrados” en la parcela que ahora está en manos de esta empresa y en la que se proyectan dos torres de 19 y seis plantas en la ribera del río Miño. La concejala de Urbanismo socialista, Áurea Soto, explicó en una rueda de prensa que el ayuntamiento ourensano no tenía parcelas en 2007 y que pasó a ser propietario “de los excesos derivados de los caminos” gracias a “una providencia emitida por el gobierno socialista que exigió el aprovechamiento de los caminos de titularidad pública”. Así, recuerda que hasta la llegada del PSdeG al gobierno local, este aprovechamiento nunca fue reclamado a los promotores.

Soto insiste en que el abogado de las empresas que han llevado la operación a los tribunales “presenta recursos para presionar”. “Ourense tenía cero parcelas” recalca. “Actuamos en defensa del interés público, intentando poner en el orden el urbanismo de la ciudad” insiste. Además denuncia la existencia de “un grupo mafioso” que presiona al gobierno local, por lo que defiende la honorabilidad del exalcalde, Francisco Rodríguez, ante las “presiones” recibidas por parte de los promotores.

En poder del juez obran documentos que certifican la operación. Entre ellos el acta notarial de la compraventa en la que participó el exalcalde Rodríguez y un representante de Copasa, los certificados del registro de la propiedad o los recibos bancarios. Soto también asegura que “nunca propuso incluir ámbitos privados” en la ordenación provisional que regula la ciudad tras la ilegalización del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003, impulsado por el PP y tumbado por el Tribunal Supremo tras detectarse cambiazos en los planos para conceder más edificabilidad a varias parcelas. “Fue la Xunta de Galicia la que propuso la incorporación de ese ámbito privado” explica. Soto recuerda que alegó contra la decisión de la Administración autonómica, que finalmente fue aprobada e incorporada al planeamiento.

La edil, que ha cargado contra EL PAIS por publicar esta información, se pregunta cómo este periódico “se presta” a publicar “datos sin contrastar” por parte de “este periodista o lo que sea”. La legalidad de la operación de compraventa se decidirá en un juzgado, tras la denuncia de dos empresas que reclaman su nulidad y la reversión de los terrenos al patrimonio municipal. Las sociedades denunciantes aseguran que la venta se hizo sin concurso público por un importe inferior a real. Age Copasa, que era propietaria de la otra mitad del ámbito urbanístico, ha vendido ahora los terrenos por 8,9 millones de euros según la documentación del Registro de la Propiedad.