Fabra presiona para influir en la reforma del sistema de financiación

La decisión del Ministerio de Hacienda de abrir el melón y aceptar que se revise el sistema de financiación autonómica fue recibida este jueves con indisimulada satisfacción por parte del Consell de Alberto Fabra. Y eso a pesar de que la constitución del grupo de trabajo, en el que estarán representados el Gobierno y las autonomías de régimen general, ni siquiera tiene fecha para empezar a ponerse a trabajar.

El presidente de la Generalitat y su consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, llevaban semanas intentando convencer al ministro Cristóbal Montoro y al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) incluyese en su orden del día tres cuestiones de vital importancia para la Comunidad Valenciana: la creación de una comisión que revise el sistema de financiación autonómica, la posibilidad de revisar el objetivo de déficit del 0,7% del PIB en 2013 y que se debatiese sobre los mecanismos extraordinarios habilitados por el Gobierno, fundamentalmente sobre el Fondo de Liquidez Autonómico y el nuevo plan de pago a los proveedores.

Al final, los tres puntos fueron incluidos en el orden del día de la reunión y ahora empieza lo complicado para el Consell, que tendrá que prepararse para la negociación política que es la que, finalmente, decidirá el sentido de la reforma del sistema de financiación y cómo se supera el complicado ejercicio presupuestario de este año.

Fabra es consciente de que, si no empieza a defender sus posiciones desde el primer minuto, su capacidad de influencia puede ser inexistente. De hecho, el consejero de Hacienda conversó telefónicamente antes de la reunión con sus homólogos del arco mediterráneo —las más perjudicadas por el actual sistema y las que han superado el objetivo de déficit de 2012 fijado en el 1,5%— para contrastar el grado de coincidencia en sus respectivas posiciones.

El grupo de trabajo que revisará el sistema carece de calendario

Aunque el primer escollo a superar será cómo se fijan los criterios para flexibilizar el objetivo de déficit del 0,7% del PIB en 2013.

En la reunión el Ministerio de Hacienda aceptó crear un grupo de trabajo —donde cada autonomía tendrá un representante— para establecer cómo se abrirá la mano si Bruselas otorga más tiempo al Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit. Este grupo se reunirá después de Semana Santa y deberá presentar sus recomendaciones antes de finalizar abril.

En este grupo hay dos posiciones encontradas a priori. Por un lado, las autonomías que tienen una mejor financiación y han cumplido con el objetivo de no superar el 1,5% del déficit en 2012. Estas se oponen a que la flexibilización del déficit de 2013 prime a quienes no lograron su objetivo el año pasado. Por otro lado, están las autonomías del arco mediterráneo —Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares— que reclaman que el margen adicional se reparta de manera asimétrica.

El Consell propone que el déficit se revise, o bien excluyendo los intereses de la deuda —unos 1.300 millones este año— como propone Cataluña, o bien que el margen adicional de déficit para 2013 se distribuya sobre el déficit de 2012 —es decir, aunque el lineal sea el mismo, que las cifras absolutas beneficien a quienes más se desviaron—.

Moragues pide mayor margen para las autonomías infrafinanciadas

Unas propuestas a las que se oponen, entre otras autonomías Extremadura, Madrid y Castilla y León.

La premura porque este grupo de trabajo se ponga a trabajar, siempre y cuando Bruselas flexibilice los plazos a España, es para permitir que el nuevo déficit pueda tener efecto inmediato sobre los presupuestos de este año.

Durante la reunión, el Ministerio de Hacienda también se mostró abierto a revisar el funcionamiento de los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades autónomas. Aunque esta cuestión estará a expensas del aumento del déficit que se acuerde para este año, que tendrá que ser financiado por el Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómico, ya que los mercados siguen recerrados a la mayoría de las comunidades, incluida la valenciana.

Respecto al segundo plan de pago a proveedores, Moragues pidió que se pueda ampliar a los acreedores que facturaron a la Administración valenciana antes del 1 de enero de este año y que en el plan también se puedan incluir toda clase de deudas —con Ayuntamientos, convenios, suministradores de bienes y servicios, etc.—. Una opción que permitiría a la Generalitat aliviar la ingente deuda acumulada si finalmente hay respuesta.