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Un informe denuncia 26 supuestos casos de violencia policial en Zapadores

La Jefatura Superior de Policía niega los maltratos en el centro de Valencia

Un inmigrante del centro, junto a la abogada Ester Izquierdo (izquierda).
Un inmigrante del centro, junto a la abogada Ester Izquierdo (izquierda).

El subsahariano Mohamed (nombre figurado) intentaba en noviembre ganarse un jornal con la recogida de naranja. El conductor de una furgoneta estacionada en la avenida Peris y Valero de Valencia le preguntó si tenía papeles. Y ahí empezaron sus problemas. El supuesto empresario era un policía. Mohamed pasó del calabozo al centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Zapadores, el único de la Comunidad “La comida era mala, no había traductores ni calefacción y el agua de las duchas salía fría o ardiendo”, se queja este joven que dice haber escuchado una agresión policial durante los 50 días que permaneció en el centro.

Su testimonio puso este jueves rostro a la presentación del informe ¿Cuál es el delito?, elaborado por la Plataforma por el Cierre del CIE de Zapadores. Según esta coordinadora, que agrupa a una treintena de asociaciones como Cáritas, Zapadores no ofrece suficientes servicios de asistencia social y jurídica. Sostienen que la instalación carece de calefacción y ventilación adecuada, que los internos están hacinados y que existen dos celdas de aislamiento que se usan “sin criterio”. Denuncian que la “prohibición” del uso de lavabos por la noche obliga a los internos a “hacer sus necesidades en la celda” y que escasean los productos de higiene personal. “No teníamos ni pasta de dientes”, lamentó Mohamed.

El informe revela las dificultades de los internos para solicitar asilo o contactar con las ONG. Critica la “terrible incertidumbre” que padecen los extranjeros sobre su destino. Afirma que son informados repentinamente de su expulsión y no pueden despedirse de sus conocidos.

La plataforma contra el centro dice que incumple la Ley de Extranjería

La coordinadora detectó en Zapadores el pasado año 26 casos de supuesta violencia policial, ocho de ellos acabaron en denuncias por malos tratos que fueron archivadas. Destacó la presunta agresión sufrida por el nigeriano Austin Johnson, que tras relatar el “trato brutal” de los agentes fue deportado en junio. El juzgado archivó su caso atribuyendo los golpes a una lesión voluntaria en la escalera del avión. Otro episodio refiere a los supuestos golpes que padecieron cuatro menores argelinos. Los jóvenes sufrieron “represalias” en el centro tras denunciar su caso al juez, según el informe. La plataforma denuncia que en el centro de Zapadores se incumple “reiteradamente” la Ley de Extranjería y las resoluciones del Juzgado de Control.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía negaron los episodios de maltrato. Indicaron que los juzgados han archivado todas las quejas de los internos y que no padecen hacinamiento porque la ocupación de la dependencia es del 38,46%. La Jefatura asegura que el CIE recibe una media de tres ONG diarias, entre las que destaca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y que ocho autoridades visitaron las dependencias el pasado año. El promedio de estancia en el centro es de 25 días (la Ley de Extranjería fija un tope de 60). El inspector José Manuel León, presidente del Sindicato Profesional, que agrupa a la mayoría de los mandos, calificó Zapadores de “centro modélico”. EL PAÍS intentó sin éxito visitar la instalación el pasado junio.