Gipuzkoa tilda de “agresión” la demanda presentada por Adegi
La portavoz foral, Larraitz Ugarte, defiende que la Diputación no "dará un paso atrás" tras la "amenaza" de la patronal
"Ataque", "acto de agresión", "muy grave" e "inaceptable". La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha cargado esta mañana contra la decisión de Adegi, la patronal del territorio, de presentar una demanda contra la institución foral por entrometerse en la negociación colectiva de los trabajadores de residencias de ancianos. El último capítulo y con un tono más elevado de los desencuentros mantenidos hasta la fecha por ambos organismos. La Diputación, que presentó en el Preco una propuesta de 8,2 millones de euros en dos años para financiar mejoras laborales de los 4.800 empleados del sector, ha defendido que no "darán un paso atrás".
"Decir [a los trabajadores] que tendrán nuestro apoyo, no les abandonaremos y nos tendrán a su lado en esta lucha", ha subrayado el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, que ha comparecido junto a Ugarte. Los dos diputados han denunciado que se enteraron a través de los medios de comunicación de la denuncia interpuesta. Es la primera vez que Adegi lleva a los tribunales a una administración pública y lo ha hecho, según explicó en un comunicado, porque la Diputación de forma "unilateral" presentó una resolución ante el Preco. La institución foral está "menoscabando claramente al poder negociador de la parte empresarial" y "en ningún caso puede erigirse en juez y parte", alegaron.
Ugarte sostiene que la demanda interpuesta no tiene recorrido jurídico
La Diputación ha argumentado esta mañana que Adegi mantiene una postura inmovilista y "nunca se ha puesto en contacto con nosotros para dar pasos adelante en la negociación". Ugarte ha destacado que según los servicios jurídicos forales la demanda de la patronal no tiene recorrido "porque no existe ningún acto administrativo, lo único que se ha hecho ha sido una propuesta a las partes". Para la Diputación el único objetivo de Adegi es alargar el conflicto para que "entre en vigor la reforma laboral de Rajoy en julio".
Ugarte ha detallado que si antes de julio no se alcanza un acuerdo en el sector los trabajadores cobrarán 400 euros menos y tendrán que trabajar 200 horas más al año. Los cálculos de la portavoz arrojan que un empleado pasaría a cobrar 800 euros "y eso para la Diputación es inaceptable". "No vamos a echarnos atrás, no nos acobardó la primera amenaza que recibimos de Adegi, y tampoco tenemos ningún miedo a acudir a los tribunales a defender los derechos de las trabajadoras de las residencias de mayores", ha resaltado.
Rodríguez ha señalado que "hay empresas dentro de Adegi dispuestas a aceptar un acuerdo con la Diputación", aunque preguntado por los periodistas, no ha querido especificar de qué compañías se trata o cómo ha obtenido esa información, y ha achacado la decisión de interponer una demanda al "nerviosismo" de la patronal.
La Diputación como "entidad financiadora y responsable del servicio que se presta en la red pública, tiene todo el derecho, la legitimidad y el deber de velar por la red, tanto por las personas empleadas como por la calidad del servicio que reciben los usuarios". El diputado de Política Social además ha dejado entrever que la institución foral podría estar cerca de llegar a un acuerdo con Lares, la patronal de las entidades sin ánimo de lucro, que controla el 50% el sector de las residencias.
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