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Ourense vende a Copasa por un millón un solar público que se tasó en cinco

Un juzgado investiga una denuncia de dos promotoras rivales.

Terreno que vendió el ayuntamiento
Terreno que vendió el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el PSdeG, vendió en abril de 2010 a la inmobiliaria Age Copasa, 7.000 metros cuadrados públicos de una parcela de 12.000 por un millón de euros. Se trata de un importe inferior a su valor catastral y al precio de mercado, estipulado en cinco millones, según dos informes periciales. La inmobiliaria, dueña de la otra mitad del solar tras adquirírsela a pequeños propietarios, ha vendido ahora toda la finca a su matriz Copasa por 8,9 millones, según la certificación registral. Es decir, el gobierno local vendió terrenos sin concurso público por un millón de euros, que ahora han sido revendidos por cuatro.

Esta operación inmobiliaria está bajo el foco de la justicia. El Juzgado Contencioso-Administrativo uno de Ourense investiga si la venta se ajusta a derecho, tras una demanda interpuesta por dos promotoras, que solicitan la nulidad de la operación y la reversión del terreno al patrimonio público. El 28 de noviembre de 2012, y a pesar de que el juez acordó una anotación preventiva de la parcela en el Registro de la Propiedad para evitar su comercialización, Age Copasa vendió la finca. En diciembre de 2011, la Junta de Gobierno Local de Ourense, presidida por el exalcalde Francisco Rodríguez, también rechazó adoptar medidas preventivas. Una de las promotoras denunciantes reclamó entonces ante la nulidad de la venta y la anotación registral.

La empresa pretende construir allí dos torres de 19 y siete plantas destinadas a viviendas, oficinas y un hotel. Los bloques se situarán a escasos metros del Miño y la zona termal de A Chavasqueira. Estaban proyectados en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003, anulado en los tribunales por cambiazos entre los planos expuestos al público y los aprobados por el PP entonces. Esta parcela fue uno de los ámbitos afectados por esos cambiazos. Tras la caída del PGOM, el gobierno socialista impulsó una ordenación urbanística provisional para una treintena de áreas, la mayoría destinadas a equipamientos públicos. Esa normativa también incluyó algunos ámbitos privados, entre ellos la parcela de Copasa.

Una finca deseada por todos

El juez deberá decidir si la compraventa entre Administración pública y empresa privada se ajustó a derecho. La parcela está considerada como uno de los caramelos urbanísticos más suculentos de Ourense. El PP aprobó en 2003 un plan urbanístico que sembró de torres de 19 pisos la ribera del Miño a su paso por la capital. En marzo del 2011 el Tribunal Supremo tumbó ese PGOM. Ourense se sumió en un parón sin precedentes al entrar en vigor el planeamiento anterior, datado en 1986.

Con los populares todavía en el gobierno local, la filial de Copasa comenzó a negociar la adquisición de los terrenos entre los propietarios de las casas y fincas que salpican los 12.000 metros cuadrados de la ansiada parcela. En uno de los accesos a la ciudad y al lado de la zona termal de A Chavasqueira, se trata de una parcela muy demandada por promotoras y constructoras. Además de su ubicación, suma otra virtud: aguas termales. Age Copasa llegó a realizar prospecciones en los terrenos para investigar la calidad y el uso geotérmico de las aguas subterráneas, tras solicitar el correspondiente permiso en octubre de 2008 ante la Consellería de Industria.

La negociación con los pequeños propietarios se complicó cuando dos de ellos rechazaron la oferta de compra. Entonces, según los demandantes, el exalcalde Francisco Rodríguez intervino para desbloquear la tramitación organizando una reunión en su despacho de la casa consistorial. Pasados los meses se alcanza un acuerdo con los dueños minoritarios. Posteriormente, el Ayuntamiento formaliza la venta de la parte pública. Copasa encarriló así la propiedad de toda la finca. Pero la caída judicial del PGOM paralizó la tramitación. El proyecto cogió aire de nuevo con la normativa urbanística provisional impulsada por el gobierno local, que incluyó ámbitos privados.

La enajenación de este espacio público nunca salió a concurso. La ley urbanística de Galicia no hace excepciones y determina que, en casos como este, siempre debe ser formalizada una puja abierta. La compraventa tampoco pasó por el Consello Consultivo de Galicia, pese a que un informe de la jefa de servicio de Planeamiento ordenó remitir el expediente a este organismo.

El exalcalde Rodríguez, representantes de Age Copasa y técnicos de Urbanismo declararán ante el juez el próximo abril. Entre ellos está el arquitecto municipal que valoró ese terreno en poco más de un millón de euros. Para el Ayuntamiento ourensano no hay irregularidad alguna. El 14 de junio de 2011, en una reunión celebrada en el despacho del exalcalde, se intentó culminar la venta de la parte privada de la parcela, que todavía estaba en manos de dos pequeños propietarios que no se acogieron a un acuerdo previo. Meses después vendieron. El gobierno local asegura que el abogado de los pequeños propietarios —que ahora representa a las promotoras denunciantes— les "chantajeó". Inicialmente, se intentó realizar un convenio entre el Ayuntamiento y Copasa para traspasar los terrenos, pero la documentación en poder del juez certifica que se formalizó una compraventa directa.

La concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, niega cualquier irregularidad e insiste en que se enfrenta a “un acoso y chantaje” de las promotoras que han llevado el caso ante el juzgado contencioso-administrativo. Además considera “lamentable” que se le dé la “misma credibilidad” a los denunciantes que a ella o al coordinador de la concejalía de Urbanismo. El abogado de los denunciantes, Antonio Feijóo, asevera que la venta “deja en evidencia a la concejala de Urbanismo y la coloca en una situación absolutamente insostenible e indefendible”. Feijóo destaca que la operación entre empresas “reconoce que el terreno, como mínimo vale cuatro millones y no uno”.

 

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