Sindicatos, patronal y Gobierno reclaman una mejor financiación para Andalucía

La CEA se suma a todas las demandas de la izquierda al Gobierno central

De izquierda a derecha, Francisco Carbonero, Antonio Ávila, José Antonio Griñán, Santiago Herrero y Manuel Pastrana.
De izquierda a derecha, Francisco Carbonero, Antonio Ávila, José Antonio Griñán, Santiago Herrero y Manuel Pastrana.Antonio Prado (EFE)

El Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado este miércoles por sindicatos, patronal y Gobierno, carece de concreciones y no tiene dotación presupuestaria, pero incluye una declaración política de exigencias al Gobierno de la nación en materia de financiación y del reparto del déficit a la que se ha sumado (con ímpetu o sin él) la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Esa es la principal novedad. No hay que olvidar que hace justo un año, por estas fechas, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, pedía el voto para el popular Javier Arenas en las elecciones autonómicas del 25 de marzo. Herrero es un hombre de equilibrios y hoy se podrá ver su habilidad funambulesca durante la asamblea de la CEA en la que está prevista la intervención del presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.

El objetivo del acuerdo es transmitir que en momentos de extrema dificultad, como el actual, es posible el consenso para generar confianza y combatir la crisis económica y social.

En este mensaje insistieron ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán; los líderes sindicales Francisco Carbonero (CC OO) y Manuel Pastrana (UGT); y Santiago Herrero.

Nadie encontrará obstáculos insalvables para firmar el acuerdo Santiago Herrero, presidente de la CEA

El acuerdo —que no ha sido fácil y que pudo saltar por los aires el martes— será el eje fundamental del llamado pacto por Andalucía que impulsa Griñán, una alianza en la que pretende embarcar a organizaciones sociales y políticas de toda la comunidad.

El documento firmado en el Salón de los Espejos del palacio de San Telmo, el lugar reservado para los grandes acontecimientos, se desarrolló bajo el impacto de los registros y detenciones ordenadas por la juez del caso del fraude de los ERE, Mercedes Alaya. El goteo de informaciones sobre el número de detenidos y el despliegue de la Guardia Civil eclipsó la convocatoria.

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Más allá de los objetivos generales de lucha contra el desempleo, que se irán concretando en los próximos meses, el acuerdo es toda una declaración de defensa de los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía —“no pueden estar puestos en cuestión ni sometidos a incertidumbre en función de la coyuntura”—, como la exigencia al Gobierno central de una mejor financiación de la comunidad.

El pacto por el empleo pide que se compaginen los ajustes fiscales con los incentivos económicos

En el texto del pacto figura un apartado a este capítulo en el que se “reclama” al Gobierno de España “una revisión del actual sistema de financiación autonómica y se mejore la financiación” de Andalucía “de forma acorde al peso de su población”. La Junta estima que la comunidad pierde mil millones de euros anuales con el actual modelo que puso en marcha el Ejecutivo del socialista Zapatero.

No se quedan ahí las peticiones a Rajoy, al que solicitan que compagine las políticas fiscales con las de incentivos. Los agentes sociales también abanderan la exigencia de que se flexibilice los objetivos del déficit (el previsto para este año está fijado en el 0,7% del PIB) y que el criterio de población (no el de riqueza) sea el que “prime” en el reparto entre las administraciones del déficit, endeudamiento y liquidez. Esta petición es una antigua reclamación de Andalucía.

El pacto pone por primera vez en circulación otra demanda: la de que se mantenga más allá de 2014 la obligatoriedad del Estado de consignar en los Presupuestos Generales inversiones para la comunidad en una cuantía similar al peso de su población. El Estatuto establece una vigencia de siete años para este mandato, pero en el acuerdo se dice que su “cumplimiento debería ser un referente para el Estado más allá de 2014, para que se garantice de forma efectiva el equilibrio territorial”.

También la patronal suscribe la petición ya exigida por los sindicatos y el Gobierno PSOE-IU de solicitar a Madrid un plan especial de empleo para Andalucía similar al de Extremadura y Canarias. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se niega a ello por la falta de justificantes del dinero recibido de otros planes especiales.

La intervención del presidente de la CEA llamó la atención, porque fue el con más énfasis pidió al PP, sin citarlo, que se sume a este acuerdo. “Nadie encontrará obstáculos insalvables para firmarlo”, dijo. También mostró su rechazo a que se produzca un acuerdo bilateral en materia de financiación entre Cataluña (a la que tampoco citó) y el Estado, algo que la CEA “no puede permitir”.

Esta posición contrasta con la que mantiene el presidente de la CEOE, Joan Rosell, quien sostiene que el trato igualitario, el llamado café para todos, “fue una equivocación”, según dijo en una entrevista a EL PAÍS.

El mensaje que lanza la CEA a la patronal española es que es posible a escala estatal firmar un acuerdo similar al alcanzado en Andalucía. También, los sindicatos y el Gobierno andaluz.

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