Un tercer frente judicial sacude al gobierno del PP en Santiago

Al gobierno de Santiago lo investigan dos jueces distintos por su implicación en el presunto amaño de contratos que persigue la Operación Pokemon y por un supuesto abuso de poder contra un funcionario que se negó a romper un atestado por alcoholemia del exconcejal Ángel Espadas, ahora encarcelado en otra operación de corrupción. Por estos dos casos están imputados el alcalde, el popular Ángel Currás, (doblemente) la edil Rebeca Domínguez y ha tenido que dimitir un compañero de ambos, Albino Vázquez Aldrey, después de pagar una fianza para evitar la cárcel.

 Pronto será un fiscal el que abra un tercer sumario para indagar sobre las facturas que abonó el concejal Juan de la Fuente, también del PP, a dos asociaciones vecinales y que se han revelado falsas. Esta vez es el propio gobierno local el que inicia el procedimiento judicial tras recabar un demoledor informe de la comisión interna que ha estudiado este nuevo escándalo que sacude al ejecutivo de Currás.

Fue la portavoz del gobierno, María Pardo, quien anunció ayer que el Ayuntamiento remitirá al ministerio público el expediente, tal y como recomendaban las conclusiones de la comisión de investigación que destapó la existencia de firmas falsas, albaranes de empresas manipulados y una espiral interminable de irregularidades. No hacerlo sería una temeridad porque, según el Código Penal, tener noticia de un delito y no denunciarlo implica otro delito, en este caso, de encubrimiento.

La decisión de mandar los papeles al fiscal se formalizará mañana en el pleno del Ayuntamiento. Será la primera vez que Currás aluda a este asunto que le obligó a suspender su agenda pública el pasado lunes para no responder a los periodistas y que ayer volvió a permanecer mudo sobre el dictamen emitido por la comisión de investigación. El escrito de la comisión interna (que integraban concejales de PP, PSOE y Bloque además de funcionarios técnicos) no señala al responsable de las falsificaciones y a ese argumento es al que se aferra el gobierno local para defender al edil responsable de las ayudas.

La oposición —presente en la semana de interrogatorios que intentaron arrojar luz sobre este caso— exigió ya el cese de De la Fuente, que se negó a responder a las preguntas de socialistas y nacionalistas por entender que ya lee habían sentenciado. Algo esconde, dejó entrever el líder municipal del BNG, Rubén Cela, para reclamar su marcha. “Sin querer hacer un juicio paralelo, las sospechas están tan extendidss que se debe tomar una decisión: que deje sus funciones”, reclamó el portavoz del PSOE, Francisco Reyes. Pero la portavoz del gobierno de Santiago, María Pardo, zanjó cualquier duda sobre su continuidad: “Total confianza en el concejal”.

Es a este edil al que apuntan ahora todos los focos. En la factura supuestamente presentada por un colectivo vecinal (que no fue reconocida ni por la directiva de la asociación ni por la empresa que figura en el albarán) constan como dirección postal y de correo electrónico de la entidad beneficiaria los datos del propio edil. Además, la letra que figura en el expediente de tramitación de la subvención es la misma que aparece en la firma falsificada. Los populares alegan que no se ha demostrado que corresponda al propio De la Fuente.

En cuanto llegue al juzgado, serán previsiblemente las pruebas periciales de los calígrafos las que determinen su autoría. Las comparecencias en la comisión dejan nuevas amenazas sobre el gobierno local puesto que uno de los representantes de las empresas cuyas facturas fueron falsificadas avanzó que estudia presentar también denuncia por el mismo caso.