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Un juez de Mataró anula el canje de deuda subordinada de Caixa Laietana

La sentencia obliga a Bankia a devolver 33.000 euros más los intereses correspondientes

Bankia deberá devolver 33.000 euros a una mujer de Mataró (Barcelona) que en 2008 compró obligaciones subordinadas de Caixa Laietana, que posteriormente las canjeó por acciones de la entidad, hoy intervenida. Así lo fija una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 2 del municipio, que declara nulo el primer contrato de compra porque, asegura, la clienta que firmó esta compra y el posterior canje no recibió información adecuada sobre los riesgos del producto financiero.

La sentencia, pionera hasta donde tiene conocimiento el despacho que se ha encargado de la defensa, el Col.lectiu Ronda, obliga a Bankia a devolver a la mujer los 33.000 euros que invirtió más los intereses correspondientes, a pagar las costas del proceso y a quedarse con unas acciones que el titular del juzgado entiende que la clienta aceptó más por obligación que como opción.

“Ella no quería el dinero, quería que se reconociera el engaño”

La mujer que llevó su caso a la justicia y que ha ganado en primera instancia a Caixa Laietana-Bankia, no podrá disfrutar de la victoria que supone la sentencia. Con 78 años, Rafaela Salazar sufrió una encefalitis de la que se está recuperando, pero todavía tiene problemas de memoria. Lo explica su hija Montserrat Soto. “Estamos muy orgullosos de la gente mayor de Mataró”, explica emocionada, los abuelos como Rafaela que tras ahorrar durante toda la vida se han encontrado de un día para otro que lo habían perdido todo pero están luchando por sus huchas.

Rafaela no guardaba sus 33.000 euros para nada en concreto. “Como tanta gente mayor” explica su hija, “eran fruto de toda una vida trabajando y ahí estaban por si acaso un día los necesitaba, para no complicarnos la vida a nosotros, los tres hijos”. La mujer, que hoy tiene ya 79 años, trabajó toda la vida en la industria textil de la comarca. Poco esperaba convertirse, hasta antes de la enfermedad, en una de las activistas más entregadas de la Plataforma de afectados por las preferentes y subordinadas de Mataró.

Nos hemos manifestado cada semana, hemos ido hasta Valencia, explica su hija Montserrat, atrapada también en las subordinadas de Caixa Laietana, como otra hermana. Su madre, aseguran, “no buscaba que le devolvieran el dinero, quería que se reconociera el engaño”. “Esa era su obsesión, que se reconociera el engaño a miles de personas, piensa que hay mucha gente que ahora necesitaría este dinero, porque por culpa del paro tiene hijos y nietos a cargo”.

La abogada de la clienta afectada, Laia Manté, celebra una sentencia “que puede servir como guía”, porque reconoce que “la documentación que recibió fue insuficiente y la información verbal también, no sabían qué compraban ni qué consecuencias tendría la compra”. La sentencia puede ser recurrida por la entidad ante la Audiencia de Barcelona.

En Mataró, sede histórica de Caixa Laietana (hoy en Bankia) hay unos 6.000 vecinos afectados por la compra de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Las subordinadas son deuda de la entidad que las emite, en este caso Laietana, que al no poder emitir acciones las ofreció a sus clientes sin explicarles el riesgo real que asumían. El juez estima en la sentencia que la clienta no recibió "información precisa, veraz, imparcial y clara" sobre los riesgos del producto.

Las miles de familias de Mataró, están atrapadas en el cambio que el año pasado hizo Caixa Laietana de las emisiones de deuda por acciones del banco, que se han desplomado hasta no alcanzar ni los 0,30 euros. El Col.lectiu Ronda asegura que más del 90% de las personas que compraron subordinadas se vieron obligadas a aceptar un canje que la entidad justificó asegurando que era la única forma de acceder a un producto de mayor liquidez que les permitiera recuperar los ahorros. El cambio, con todo, se realizó por un precio que los abogados tachan de “abusivo”, dos euros por acción, muy por encima del valor de mercado.

En Cataluña, el Sindic de Greuges (defensor del pueblo), Rafael Ribó, anunció a comienzos de este mes que enviará a la Fiscalía los casos de canje de deuda por acciones de Bankia para que decida si existen indicios penales. Ribó consideró que cuando se realizó el canje “había indicios más que suficientes para saber lo que iba a pasar con las acciones, en una auténtica huida hacia adelante con un riesgo monumental de fracaso”.

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