España se moviliza ante el juicio por el conflicto pesquero con Gibraltar

El conflicto entre Gibraltar y los pescadores españoles de la bahía de Algeciras tendrá el próximo viernes un nuevo y espinoso episodio: el juicio al patrón del Divina Providencia, Francisco Gómez, a quien el Peñón acusa de desobediencia, de pescar con artes prohibidas y de navegar de forma temeraria en las aguas de la zona. Las autoridades españolas se están movilizando para evitar el juicio e intentar resolver de una vez por todas un asunto que ha envenenado las relaciones con el Gobierno gibraltareño.

En la tarde de este martes se reunirán en Madrid, en la sede de la secretaría general de Pesca, responsables ministeriales de Exteriores, Interior y Agricultura con dirigentes de la federación de armadores y de las cofradías de Algeciras y La Línea de la Concepción. También asistirán a la cita los alcaldes de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, y de La Línea, la socialista Genma Araujo.

En esta cita, según fuentes del Gobierno español, “se abordará la situación del conflicto desde su origen y, de forma específica, la situación generada por el juicio del patrón del Divina Providencia". La preocupación de las autoridades españolas por este asunto es alta y hoy se intentará fijar una posición común. El objetivo final es evitar una sentencia condenatoria de la Corte de Justicia de Gibraltar al patrón del marisquero Divina Providencia, que ha protagonizado buena parte de los desencuentros con la policía gibraltareña en las aguas de bahía.

La situación es bastante delicada” José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras

La posición de España en este asunto apenas se ha movido:acusa a Gibraltar de ser responsable de la ruptura del acuerdo de 1999 que permitía a los pescadores españoles faenar en las aguas próximas al Peñón. Fue con la llegada al Gobierno de Gibraltar de Fabian Picardo, hace dos años, cuando se produjo el cambio de criterio sobre la legalidad de las artes de pesca de los barcos españoles. Paralelamente, España ha enviado protección a los barcos de Algeciras y La Línea que han seguido faenando para evitar el acoso de la policía gibraltareña.

En el fondo de este conflicto subyace la idea que defiende Gibraltar de que las aguas próximas al Peñón son de su jurisdicción, algo que jamás ha reconocido ni reconoce España, que reclama su soberanía.

“La situación es bastante delicada”, dice el alcalde de Algeciras, que se encarga de coordinar la asistencia jurídica al patrón del Divina Providencia. “Hay que pedir la vuelta a la normalidad en estas aguas, porque los pescadores no pueden trabajar en libertad”, afirma Landaluce, quien insiste en la necesidad de “buscar una solución que devuelva la situación al estatus de 1999, que permite la convivencia de la actividad pesquera con las leyes medioambientales de Gibraltar”.

En una línea argumental similar se pronunció la alcaldesa de La Línea, quien exhortó al Gobierno “a tomar una determinación para que los pescadores no se sientan desamparados”. “Este es un tema que se debe solucionar con la unidad y más allá de que se pueda estar utilizando el conflicto pesquero como arma arrojadiza contra Gibraltar, voy a luchar para llegar a una solución definitiva”, afirmó Araujo.

El pescador sostiene que el Peñón ha buscado un acuerdo

La alcaldesa de La Línea siempre ha sido partidaria de tener abiertas las vías de diálogo con el Peñón, lo que ha hecho que más de una vez algunos dirigentes del PP le hayan censurado esta actitud. Ayer mismo Araujo se reunió con Picardo para analizar, entre otras cuestiones, el informe que Gibraltar está elaborando sobre el impacto medioambiental de las artes que utilizan los pescadores españoles en las aguas de la bahía. Estos informes, que pueden allanar el camino para llegar a un acuerdo, están a punto de terminarse.

El conflicto empezó hace un año. El 19 de marzo de 2012, varios pesqueros de Algeciras y La Línea que faenaban en las aguas que rodean al Peñón vieron cómo la policía gibraltareña les impedía trabajar. Los echaron de la zona después de 13 años de convivencia pacífica y desde ese día, los 300 pescadores han sido advertidos y expulsados de la zona varias veces.

La vista contra Francisco Gómez se ha suspendido ya en dos ocasiones. Este lunes, el patrón reconocía que aún no sabe si tendrá que acudir el viernes ante la justicia gibraltareña y apuntó la posibilidad de llegar a un acuerdo. “Me han insinuado que los cargos podrían ser retirados si reconozco que estaba pescando con artes ilegales y en aguas de Gibraltar, pero yo no estoy dispuesto a ello porque eso va contra mis principios”, dijo.