Botella desbloquea las obras del paseo de la Dirección y hará vivienda social

Un vecino del paseo de la Dirección, en obras desde hace siete años, contaba hace unos meses que su único deseo es volver a tener “un barrio humilde pero limpio, como antes”. Su sueño está más cerca de cumplirse ahora que el Ayuntamiento ha desbloqueado al fin su conflicto con Dragados, la empresa que debe urbanizar el área, levantar varias torres de pisos y desdoblar esa sinuosa calle, de casi dos kilómetros de largo y un carril por dirección, para descongestionar el tráfico.

Los desastres de Alberto Ruiz-Gallardón suelen estar a la altura de sus logros. Durante sus ocho años en la alcaldía de Madrid, invirtió 12.100 millones de euros en infraestructuras, de los que quedan por pagar 7.430 millones. El Ayuntamiento tiene hipotecado uno de cada cuatro euros por esa deuda, que tardará más de 10 años en pagar. A cambio, la ciudad disfruta, entre otras cosas, de un parque junto al río Manzanares, gracias al soterramiento de la M-30. Pero cuando en diciembre de 2011 marchó al Ministerio de Justicia sin mirar atrás, Gallardón dejó también un legado de proyectos empantanados que sólo han causado quebrantos: la nave Boetticher, el palacio de la Duquesa de Sueca, la Casa de la Carnicería, etcétera. Sanar esas cicatrices, en su mayor parte nudos gordianos administrativos, apenas genera réditos políticos, pero afecta a la vida de los madrileños. El último éxito en ese sentido del Ayuntamiento (gobernado ahora por Ana Botella, y desde hace 23 años ya por el Partido Popular) se encuentra a ocho kilómetros del Palacio de Cibeles, lejos de las pasarelas turísticas de Madrid, en una hondonada cuajada de infraviviendas en Tetuán.

El paseo de la Dirección lleva más de un año empantanado y casi 30 atascado. Incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, esa zona debía haberla desarrollado el Instituto regional de Vivienda (IVIMA), pero, ante la falta de progresos, el Ayuntamiento se hizo cargo en 2004, poco después de la llegada a la alcaldía de Gallardón. Aprobó un plan urbanístico, y en 2006 entregó a Dragados la reforma mediante concesión administrativa.

Se inició entonces un laborioso proceso de negociación, puesto que la urbanización se iba a hacer mediante expropiaciones. El área tiene 166.156 metros cuadrados de superficie, y una edificabilidad de 197.250 metros cuadrados. En principio, se iban a construir allí 1.972 viviendas libres. Dragados contaría con cuatro torres de 18 a 24 plantas (dos en la confluencia del paseo de la Dirección con la calle del Marqués de Viana, y otras dos junto a la calle del Capitán Blanco Argibay), y el Ayuntamiento se quedaría con 850 pisos protegidos.

Dragados recibiría del Ayuntamiento el dinero para las expropiaciones. Su margen de rentabilidad sería del 6%. La concesión tenía seis años de duración, con una posibilidad de prórroga de 18 meses. Vencía la semana pasada.

La zona sigue cubierta de zanjas. Sólo se ha construido un bloque. A finales de 2011, el Ayuntamiento pensó que, tal y como estaba concebido el proyecto, iba a ser imposible llevarlo a cabo. Y decidió cambiarlo, tomando en consideración el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las dificultades de financiación de Dragados, y la falta de vivienda protegida en la ciudad por el retraso de los desarrollos del sureste.

Esa decisión coincidió más o menos con la llegada de Ana Botella a la alcaldía, y de Paz González al área de Urbanismo. El Ayuntamiento quiso modificar el plan urbanístico para convertir la vivienda libre proyectada en protegida, más fácil de colocar (el Ayuntamiento tiene una lista de espera de 13.000 personas) y más ajustada a las necesidades de la ciudad. Dragados se opuso, y presentó alegaciones. El proyecto se paralizó.

Urbanismo temía dar razones a la empresa para desistir, escapar del embrollo y pedir además una indemnización. Así que comenzó a negociar, hasta convencerla de que la suya era la mejor solución. La semana pasada, coincidiendo con la fecha en la que expiraba la concesión (sin que la empresa hubiera cumplido su parte), logró arrancar un preacuerdo. Dragados deberá ahora retirar sus alegaciones al plan urbanístico, que sería aprobado este mes en pleno. Así, en un año y medio, que es lo que le resta de plazo (el reloj se paró al iniciarse la tramitación administrativa del plan), podría concluir la urbanización del área, cerrar las zanjas, poner las aceras y entregar las primeras viviendas.

El nuevo plan prevé 47.500 metros cuadrados de vivienda libre (unos 500 pisos) y 149.750 de vivienda protegida (unos 1.500 pisos; el 40% a precio básico y el resto a precio limitado). Hay 213 familias expropiadas con derecho a realojo. Las primeras 114 obtuvieron su piso la semana pasada. El resto lo tendrán antes de un año y medio, cuando se termine el otro bloque de realojo.

La urbanización del área tiene ese mismo plazo límite, pero el resto de viviendas, libres y protegidas, las irá construyendo Dragados en la medida de sus deseos y posibilidades. El Ayuntamiento cuenta con que su lista de espera sirva de acicate. El planteamiento del proyecto, en cualquier caso, mezcla vivienda libre y protegida para lograr una mezcla social saludable y no crear un barrio de realojo. Hasta ahora, Dragados ha gastado 33 millones en las expropiaciones, y algunos más en la urbanización del área. En total, la concesión prevé 56 millones para expropiaciones y 45 para la urbanización. Queda por resolver el contencioso por el precio de las expropiaciones, que el jurado territorial de expropiación forzosa elevó de 868 a 1.062 euros, y que Dragados y el Ayuntamiento recurrieron al Tribunal Superior de Justicia.