Las riadas vuelven... y no hay dinero

Se conoce el riesgo y la solución. Se sabe hasta lo que cuesta sortear el peligro. Pero la realidad es exasperante: no hay dinero para evitar inundaciones como las que han sufrido algunos municipios andaluces esta semana. Las arcas de las Administraciones están secas y ni siquiera vale ya que una actuación esté en los presupuestos de turno.

En papel mojado se quedó la partida que aparecía en las cuentas de la Junta de Andalucía de 2012 para las obras del arroyo Argamasilla de Écija, destinadas a evitar las periódicas avenidas. Este municipio sevillano ha vuelto a inundarse esta semana. El encauzamiento está paralizado desde hace casi un año.

Cinco casas desalojadas, 3.000 inmuebles afectados (entre viviendas, cocheras y locales), 7.000 personas que han visto cómo el agua entraba por la puerta... El balance lo ofrece Ricardo Gil-Toresano, el alcalde de Écija. El regidor, del PP, asegura que la última inundación causada por el Argamasilla le costará al Consistorio 1,5 millones. "El fin de la obra estaba previsto para mediados de 2012", lamenta. "Hubiese dado tiempo a terminarla antes de las lluvias".

Pero el 23 de abril del año pasado los obreros recogieron sus bártulos. Gea 21 y Ferrovial —que formaron una Unión Temporal de Empresas para acometer el desvío del Argamasilla, presupuestado en 29,9 millones— se marcharon. La actuación se quedó al 60% de ejecución. "La desviación a cielo abierto estaba hecha, la del túnel, no", indica el alcalde. "Las obras se pararon por un problema financiero", reconoce Sergio Moreno, secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.

Los presupuestos regionales ya no daban más de sí. Según Ricardo Gil-Toresano, las empresas llevaban arrastrando impagos de la Junta desde septiembre de 2011. Gea 21 está ahora en preconcurso de acreedores y Ferrovial no ha querido ofrecer su versión.

Moreno espera que los problemas de Gea 21 no impidan que se reinicien los trabajos. Tras las inundaciones de esta semana, el departamento de Luis Planas se ha comprometido a que los trabajos se reanuden en primavera. Pero Moreno no ofrece una fecha para la finalización. "Habrá un importante avance en 2013", dice.

Pese al parón registrado en las obras del Argamasilla, que se remontan a 2008, Moreno defiende la actuación de la Administración autónoma. "Tras las inundaciones de 2010 [cuando Écija se anegó siete veces] la Junta hizo obras de emergencia por valor de tres millones", recuerda. Se limpiaron los colectores y se hicieron diques de contención. "Si no se hubieran hecho, habría sido bastante más impactante este año", afirma Moreno.

Tras las grandes inundaciones de 2010, bastante más dramáticas que las de este año, parecía que se había llegado a un punto de inflexión en Écija, y en otros municipios afectados. En Lora del Río, por ejemplo, también se prometieron hace tres años obras contra la crecida del Guadalquivir. Se han cumplido en parte. La Junta remató en octubre de 2012 el muro de contención que ha evitado esta semana las inundaciones. Pero Francisco Javier Reinoso, el alcalde socialista de este municipio sevillano, sostiene que a la obra le falta "el último empujón": una estación de bombeo para aliviar la presión sobre el muro cuando sube el nivel del agua. Pero, ¿quién debe pagar? Reinoso se lo ha pedido a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). "La estación de bombeo es una competencia municipal", responde Sergio Moreno.

Las estadísticas de los últimos 500 años reflejan que Andalucía sufre al año una inundación de consecuencias graves. Las pérdidas económicas generadas por las riadas de "los últimos 30 años ascienden como media a 150 millones de euros anuales", se señala en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones que la Junta aprobó en 2002 y que estará vigente hasta 2015.

Moreno reconoce que en la última década solo se ha conseguido llegar al 58% de ejecución de las actuaciones de defensa e infraestructuras previstas en el plan, que ahora se está revisando para adaptarlo a la normativa europea. Sin embargo, defiende las medidas de restauración (161% de ejecución) y conservación de cauces (94%) que se han acometido.

Las inversiones más importantes de este plan se hicieron antes de 2011. La crisis puso luego en jaque a las Administraciones y se paralizó la obra pública.

Manuel Romero, presidente de la CHG, dependiente del Gobierno central, es muy crítico con la actuación del Ejecutivo andaluz durante los casi tres años en los que tuvo transferidas las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir. "La Junta decidió en junio de 2011 dedicar a otra cosa 300 millones de fondos europeos para obras hidráulicas", afirma Romero, quien considera "lamentable" que el Ejecutivo andaluz no haya finalizado las actuaciones en Écija. "El Gobierno andaluz destina los fondos como tiene que destinarlos", responde Moreno, que rechaza entrar en una polémica con el presidente de la confederación. "Actúa como portavoz del PP", remata.

Al margen de las disputas políticas —que también surgieron tras las avenidas de 2010— la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha emitido varias quejas en los últimos años por las inundaciones. El departamento de José Chamizo ha criticado la falta de ejecución de las obras de prevención. Pero también la falta de control en el urbanismo, que ha llevado a que miles de viviendas estén en áreas inundables.

Así ha ocurrido en varias zonas de Córdoba, Jerez y Jaén, que se han vuelto a anegar este año. La solución a este problema enquistado es complicada; y se aleja por la falta de recursos de las Administraciones.

José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba, reconoce que su equipo ha pasado "una semana horrible" ante la crecida del Guadalquivir. Bajo el foco estaba una parcelación ilegal cercana al aeropuerto, formada por unas 400 casas levantadas en zona inundable. "No podemos seguir mirando para otro lado", señala el alcalde popular de Córdoba. El anterior equipo de gobierno municipal ofreció a los propietarios de estas casas trasladarse en régimen de alquiler a viviendas de protección oficial en la ciudad. "Ninguno aceptó", recuerda Nieto. Ocurrió lo mismo en algunas zonas rurales de Jerez, donde los vecinos también rechazaron moverse.

Nieto aboga por fijar una postura común entre el Ayuntamiento y la Junta "de una vez por todas". Y no descarta que se tengan que tomar "medidas impopulares", es decir, demoliciones, aunque buscando el acuerdo previo con los propietarios. Pero, de nuevo, aparece el problema de la falta de liquidez de las Administraciones. "Es un momento complicado en el que hay pocos recursos, a lo mejor las actuaciones no tienen que hacerse de inmediato, quizás dentro de dos años", apunta Nieto. Pero, en su opinión, lo que sí se debe cerrar pronto es un acuerdo entre la Administración local y regional.

Una vida en cinco desalojos

ANA HUGUET

María Romo tiene 57 años y un matrimonio mal avenido con el Guadalete. Cada vez que este ensancha sus aguas por un temporal tiene que marcharse de casa. Desde que nació en la barriada jerezana de Las Pachecas ha sufrido cinco riadas, las tres últimas en menos de cuatro años.

Desde el 8 de marzo se aloja junto a su hija, su yerno, el hijo de ambos y un matrimonio vecino en el Centro de Barrio municipal. Es una única estancia de 60 metros cuadrados donde apilan camas, puertas, mesas, y electrodomésticos, todo lo que lograron sacar del domicilio la noche en la que el Guadalete volvió a alcanzar su inmueble. “Familiares y vecinos acercaron furgonetas y, en menos de tres horas, lo sacamos todo. En ese tiempo, el agua llegó la puerta”, cuenta María con la serenidad de quien ya es experta en estos éxodos acelerados. Dejó en su casa los armarios elevados en borriquetas y la cocina, estrenada en 2010 tras la última riada. La encargó de mampostería, “resistente al agua”.

La casa de esta mujer, viuda desde hace poco, fue construida sin permiso de edificación en la zona anegable del Guadalete, como el 70% de las casas de la zona rural de Jerez. La levantó en el huerto de su suegro hace 35 años. Tiene unos 100 metros cuadrados en una sola altura. Está a dos kilómetros del cauce.

Esta jerezana apenas recuerda la primera crecida. Vivía con sus padres y solo tenía 12 años. Sí rememora con detalle la segunda, en 1996. Entonces sus hijos tenían ocho y 15 años. Abandonó su vivienda un 18 de diciembre y no regresó hasta el 20 de febrero. Esa vez, la barriada entera fue desalojada de madrugada.

La crecida de 1997 apenas duró unos días y la de 2009 fue la más dura. Cerró su casa un 26 de diciembre y no regresó hasta septiembre de 2010, nueve meses más tarde y dos riadas después. El agua alcanzó el metro de altura y destrozó la edificación. El seguro cubrió la mitad de los daños y María pidió un préstamo para arreglarla. “Se picaron paredes, se cambiaron la instalación eléctrica, grifos, azulejos, puertas, suelo, ventana, rejas, cuarto de baño, cocina y todos los muebles”. El Ayuntamiento ofreció a María y a otros tantos vecinos un traslado a tierra segura en 1997 y en 2007. Les propusieron que ocuparan viviendas en régimen de alquiler, en las barriadas rurales de Estancia Barrera y Lomopardo. Si se mudaban, derribarían sus casas de la vega del río.

“Mi casa está pagada. ¿Cómo voy a dejarla para irme de alquiler?”, se pregunta esta pensionista. “He nacido aquí. ¡Y cómo están los desahucios! ¡A mí el único que me saca de mi casa es el río…, la madre que lo parió!”.