El Tribunal Superior ratifica la condena a Goiriena y Barranquero
La Audiencia de Bizkaia impuso en octubre cinco años al ex decano de Medicina y la exdirectora de Estomatología por malversación y falsedad
El Tribunal Superior ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV) Francisco Javier Goiriena y la exdirectora de su Departamento de Estomatología Monserrat Barranquero contra la condena a cinco años y tres meses de prisión por malversación de caudales y falsedad documental que impuso a cada uno de ellos en octubre pasado la Audiencia de Bizkaia. Contra la sentencia cabe recurso de casación.
La Audiencia también les condenó a nueve años de inhabilitación absoluta y al pago conjunto de 168.000 euros de indemnización a la universidad pública.
Barranquero presentó 19 motivos de apelación y Goiriena 18, de los cuales 14 coinciden con los aducidos por la defensa de su pareja, en cuestiones como la valoración de las pruebas, su cadena de custodia o alegaciones de indefensión. La Sala de lo Civil y Penal, encabezada por el también presidente del Superior, Juan Luis Ibarra, quien además ha sido ponente del fallo, rechaza todos y cada uno de ellos.
El caso se remonta al año 2000, cuando el Rectorado de la UPV se querelló contra ambos catedráticos, pareja de hecho, acusándoles de haberse apropiado de más de 720.000 euros de los fondos universitarios a lo largo de los seis años anteriores.
La sentencia ahora ratificada consideró probado que ambos se quedaron con partidas económicas que la UPV destinaba a Unidades de Gasto Autorizado (UGA), dirigidas a financiar proyectos concretos de la mencionada facultad, como másteres y convenios.
En función de sus cargos, Goiriena y Barranquero eran titulares de esas UGA y solo necesitaban firmar para disponer del dinero. Después pagaban a sus propias empresas por servicios que nunca fueron realizados a la UPV a través de facturas falsas.
Vulnerando la ley de Incompatibilidades, Goiriena y Barranquero crearon cuatro sociedades para emitir facturas por servicios no realizados contra las UGA que gestionaban. Igualmente se embolsaron cantidades procedentes de dos convenios firmados entre la UPV, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria.
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