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Fomento destituye al jefe provincial acusado de favorecer a constructoras

La Demarcación provincial fue la principal fuente de ingresos de varias firmas

La ministra de Fomento, Ana Pastor
La ministra de Fomento, Ana Pastor EFE

El Ministerio de Fomento destituyó ayer al funcionario jefe de la Demarcación de Carreteras de Ourense, Adolfo Güell Cancela, para facilitar la investigación sobre las irregularidades destapadas en la adjudicación de contratos de la unidad provincial.Güell Cancela, como máximo responsable de la delegación de Fomento en la provincia, validó pagos por trabajos imposibles de realizar en infraestructuras inexistentes e incluso en carreteras de fuera de Galicia. También curso invitaciones para pujar por contratos a constructoras que en realidad formaban parte de un mismo conglomerado empresarial, con accionistas y administradores comunes.

De este modo se desvirtuaron los procedimientos negociados sin publicidad —por los que la Administración pide de forma discrecional tres ofertas a distintas empresas para quedarse con la más ventajosa— y se eliminó la competencia. Con esta fórmula la unidad provincial adjudicó decenas de pequeños contratos (siempre por debajo del tope de 58.000 euros que obliga a abrir concursos con publicidad) que sumaron entre 2009 y 2012 unos 10 millones de euros, según estimaciones de Fomento. Una portavoz oficial del Ministerio indicó ayer que el cese de Güell Cancela, reclamado el jueves por Comisiones Obreras, se produce “con el objetivo de que la investigación pueda proseguir adecuadamente y proceder a la comprobación de las irregularidades”.

El departamento que dirige Ana Pastor abrió hace algo menos de un año una investigación puntual por un asfaltado contratado en 2009 para la autovía A-52 que no se completó en toda la extensión contratada. Cuando la inspección de Fomento preguntó a la Demarcación —responsable de supervisar los trabajos— por esta anomalía, la unidad provincial que dirigía hasta ayer Güell Cancela alegó que el asfaltado no ejecutado se realizó en otros puntos en los que era más necesario. Ante semejante explicación, Fomento prohibió este tipo de modificados de obras a todas sus demarcaciones provinciales. La semana pasada además el ministerio inició una “actuación extraordinaria de inspección” para investigar otras denuncias internas que extendían las sospechas sobre muchos más contratos.

En los últimos días Fomento ha estado recabando información sobre diversos expedientes de contratación en sus delegaciones de Ourense y A Coruña siempre relacionados con Güell Cancela. Además de esta investigación del Gobierno, CCOO asegura que la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta otra pesquisa tras recibir hace unos meses dos denuncias anónimas.

En los más de 1.000 folios de expedientes administrativos en poder de este diario se puede comprobar cómo, además de repartirse obras entre empresas de un mismo grupo y otros contratos de imposible ejecución, algunas de las empresas que conforman la trama tenían en la Demarcación de Carreteras de Ourense a su principal, cuando no única, fuente de ingresos. Así se desprende de la numeración interna de las facturas recibidas y firmadas por Güell Cancela.

En 2009 GED Integral, con sede en Cáceres pero propiedad de la ourensana Extraco, no emitió su primera factura de todo el año hasta el 1 de octubre, pero entre esa fecha y el 6 de noviembre cursó a nombre de la Demarcación de Ourense y con numeración correlativa sus albaranes del uno al siete. Y lo mismo sucede con cinco de las diez facturas emitidas por Marcas Viales y Señales entre enero y noviembre de 2011 y con seis de las 13 de Obras y Proyectos Suge en el mismo periodo.

Estas dos últimas empresas, que coinciden en numerosas pujas de la Demarcación de Carreteras entre los años 2009 y 2012 (pese a que la ley de contratos del Estado prohíbe que concurran sociedades relacionadas entre sí) tienen sus sedes en Vigo y Ourense, respectivamente, pero también, la misma administradora, María del Carmen Hortas Rodríguez. Durante ese año, Marcas Viales y Suge recibieron al menos cuatro contratos en otros tantos procesos en los que compitieron entre ellas. Por la suma de todos ingresaron 150.000 euros.

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