La Generalitat flexibiliza el precio del agua del Segarra-Garrigues
Las nuevas tarifas se adaptan a las circunstancias de cada regante Este cambio busca vencer la resistencia de los agricultores a adherirse al sistema de riego
El Departamento de Agricultura y la Comunidad General de Regantes del canal Segarra-Garrigues han firmado hoy en Lleida un acuerdo para flexibilizar el precio del agua con el objetivo de hacerlo más asequible y vencer la resistencia de los agricultores a adherirse al sistema de riego. Las nuevas tarifas son similares a las que aplican las operadoras de telefonía móvil, ya que se adaptan a los diferentes tipos de riego y a las circunstancias de cada usuario.
El acuerdo, calificado de “histórico” por el consejero Josep Maria Pelegrí, es el tercero que pone sobre la mesa el Ejecutivo catalán. Los dos anteriores fueron rechazados por el sector al considerar el precio excesivamente elevado y un agravio comparativo. Hasta ahora todos los regantes pagaban por igual una cuota fija de 181 euros por hectárea y año, en concepto de mantenimiento de las instalaciones, independientemente de que las dotaciones de agua fueran de 1.500, 3.500 o 6.500 metros cúbicos por hectárea.
Lo que ha hecho la Generalitat para hacer atractivo el precio del agua es mantener la doble tarifa por hectárea y consumo, pero ha rebajado y graduado la cuota fija que pagaban los agricultores. Ahora se establecen tres cuotas fijas de 85, 95 y 110 euros en función de la dotación, de modo que pagará más quien mayor dotación y consumo tenga.
El precio, además, incluye una tarifa variable de 0,096 euros por metro cúbico de agua consumida, 16 céntimos más de lo previsto en el anterior acuerdo, que era de 0,080 euros por metro cúbico. “Hemos hecho un traje a medida y el precio es asequible para todos. Ahora toca regar”, ha señalado Pelegrí.
Aparte del precio del agua, hay otros obstáculos que han frenado las adhesiones de los regantes al sistema, entre ellos el coste de las infraestructuras para llevar el agua hasta las fincas, entre 1.500 y 3.000 euros por hectárea, y el problema de la afectación de las zonas Zepa de especial protección de aves, que implica restricciones de riego en 40.000 hectáreas, más de la mitad de la superficie que inicialmente tenía que regar el Segarra-Garrigues. Hasta la fecha solo hay en regadío 3.277 hectáreas.
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