La Universidad Politécnica aprueba el despido de 340 trabajadores

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cataluña ha aprobado un duro recorte del 10% su presupuesto para este año, que se queda en 278 millones, lo que se traducirá en 33 millones menos. El capítulo 1, el dedicado al personal, se verá especialmente afectado, con una disminución de 11 millones de euros, lo que significará la reducción de la plantilla en 340 personas. Las cuentas para este año han salido adelante con 28 votos favorables, 14 en contra y 5 abstenciones.

Para protestar contra el recorte presupuestario, cerca de un centenar de profesores, administrativos y estudiantes se han concentrado alrededor de las 9.30 horas ante la sede de la Fundación UPC, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno. En principio el encuentro tenía que hacerse en el rectorado, en el campus Diagonal, pero en previsión a la concentración que habían anunciado los sindicatos, en el último momento se decidió cambiar la ubicación.

Los manifestantes han coreado gritos como ‘Universidad pública y de calidad’ y de ‘Giró dimisión’ mientras esperaban noticias sobre la aprobación del presupuesto, que no ha llegado hasta pasadas las 16 horas. La mayoría de estudiantes no pertenecían a los campus de Barcelona, sino que eran alumnos de la escuela de Arquitectura del Vallès (ETSAV). “Queremos defender nuestro campus, porque puede ser una de las víctimas de la mala gestión del rectorado”, terciaba Toni Tribó, profesor funcionario de la ETSAV, quien teme que el despido de asociados afecte especialmente a la escuela de Sant Cugat del Vallès.

La UPC ha cerrado 2012 con un saldo negativo de 10,9 millones, cosa que eleva su déficit acumulado hasta los 110 millones. En el nuevo presupuesto de la UPC se ha hecho contando una reducción de un 11% de la aportación de la Generalitat (que oficialmente no se conoceré hasta que se elaboren los presupuestos del gobierno) y un 30% del Estado. Ya hace dos años que el campus, como el resto, ve menguar sus ingresos, lo que ha supuesto un recorte de la plantilla de unos 420 trabajadores, de los cuales 330 son docentes y 93 de administración.

El nuevo recorte aprobado este martes, en un Consejo de Gobierno que se ha alargado unas ocho horas, supondrá nuevos despidos y no renovación de contratos. En total, 90 personas de administración y servicios con contratos de interinos, que serán cesados el 1 de mayo, y unos 250 profesores asociados con contratos a jornada parcial, por horas (que equivalen a 132 jornadas completas). Una portavoz de la UPC ha reconocido que la intención es hacer efectivos los ceses lo antes posible. “La idea no es alargar las cosas”, reconocen.

María José Saura, profesora de la UPC y miembro de la sección de Universidades de CC OO ha rechazado que una medida de esta envergadura la apruebe un “Consejo de Gobierno en funciones”. “No está legitimado. Sólo debería aprobar cosas de urgencia o trámite, pero no unos presupuestos”, ha añadido. Este órgano debe ser renovado, después que en febrero la UPC eligiera nuevo Claustro, que será constituido oficialmente el 16 de abril. “El nuevo Claustro estará muy renovado y habrá una mayoría contraria al rector. Por esto Giró se ha querido asegurar la aprobación de las cuentas con un Consejo de Gobierno que ahora le es favorable”.

Nuria Martín, presidenta del comité de empresa del PAS laboral de la UPC rechaza el recorte de personal y asegura que se pueden tomar otras medidas alternativas para contener el gasto del campus. Como ejemplo, indica Martín, “se podría aumentar el porcentaje que la universidad se queda de los convenios de investigación con empresas privadas”. El sindicato Colectivo Asambleario Universitario (CAU) estos convenios suponen un monto de 70 millones, de los cuales un 16% van directamente a la UPC. “Por cada punto que se aumentara este porcentaje podría suponer unos 700.000 euros adicionales”, añade Miguel Martín, miembro de la sección de PAS funcionario de la CAU. También piden reducir el número de cargos directivos y los sueldos que estos cobran.

La aprobación de los despidos ha causado el rechazo de parte del Consejo de Gobierno, pero también la crispación cuando justo después de este punto el rector leyó el manifiesto que las siete universidades públicas acordaron ayer para expresar su “inquietud” por posibles nuevas reducciones presupuestarias por parte de la Generalitat. “Nuestra sociedad y especialmente nuestra juventud no se pueden permitir un retroceso que afecte irreversiblemente al sistema educativo y de ciencia”.

El Consejo Gobierno también ha debatido la petición de destitución del presidente del consejo Social de la UPC Joaquim Boixareu. La Coordinadora de Asambleas de la UPC y del Consejo del Estudiantado presentó el lunes 115 firmas de miembros del Claustro para solicitar a la Generalitat (que es quien lo nombra) el cese de Boixareu porque su mandato finalizó el verano pasado y por su imputación en el caso Nóos, que salpica a Iñaki Urdangarin, amigo de Boixareu. La propuesta no se ha aprobado, pero el rector se ha comprometido a elaborar un manifiesto donde conste que no es adecuada la situación de Boixareu y pidiendo una renovación de la presidencia.