La consejería de Blasco manipuló el informe de una ONG enviado a la juez

Marc Llinares, exjefe de área en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y Tina Sanjuán, que fue secretaria general del mismo departamento, declararon ayer como imputados en el caso Blasco, en el que se investiga el desvío de los fondos de la Generalitat destinados al Tercer Mundo. Considerados personas de la máxima confianza del exconsejero, exportavoz parlamentario del PP, diputado autonómico y principal imputado en la causa, Rafael Blasco, al que siguieron como subordinados en los departamentos que dirigió, ambos lo demostraron ante la juez. Llinares se negó a responder a nadie más que a su abogado y centró su declaración en defender la gestión de la consejería y loar la figura del exconsejero. Sanjuán también alabó la labor de Blasco, pero sí contestó al resto de partes y, según fuentes jurídicas quedó acorralada en el interrogatorio.

La juez instructora María Pía Calderón le preguntó por el hecho de que la consejería remitiera en 2010 un informe a la fiscalía sobre el expediente de Cyes como copia compulsada por la Administración y, días después, remitiera otra versión del mismo expediente al juzgado, también compulsada, en la que se habían enriquecido los requisitos que cumplía dicha fundación. Cyes era una entidad sin apenas actividad a la que el departamento de Blasco entregó 1,66 millones de euros para teóricos proyectos en Nicaragua, pese a la oposición de los técnicos, que acabaron en realidad en la compra de pisos dos inmuebles en Valencia y en las cuentas corrientes de la trama. Blasco en persona presionó fuertemente a los técnicos para desbloquear el expediente, según han coincidido varios testimonios, en lo que retrospectivamente puede considerarse el gran error cometido por el veterano político del PP.

Sanjuán no supo explicar la manipulación del expediente oficial, a pesar de que ambas copias fueron compulsadas por su secretaria y de haber admitido que ella misma custodiaba el informe en su despacho. La exsecretaria general también entró en contradicción con la declaración de otro imputado, Luís Fernando Castel Aznar, responsable de las evaluaciones de los proyectos presentados en la consejería. Castel aseguró haber remitido por correo electrónico un informe con salvedades sobre los proyectos de Cyes que habría sido igualmente manipulado para convertirlo en favorable antes de que tiempo después procediera a firmarlo, según él, sin darse cuenta de los cambios. Sanjuán declaró ayer, por su parte, que el informe no fue alterado y que le fue entregado en mano en la consejería.

La situación de otro de los diputados valencianos del PP imputado, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008, se ha complicado por otra parte de forma considerable. El juez del caso Brugal, Juan Climent, ha solicitado a la Agencia Tributaria que le aporte “cuantos datos posea” de Rocafort de Negocios, la empresa que según la investigación pagó el soborno percibido por Díaz Alperi, que habría consistido en un viaje a la isla griega de Creta en avión privado que costó, al menos, 45.000 euros. La fiscalía cree que tras el regalo está en realidad el constructor Enrique Ortiz, también imputado.

A ello se une la denuncia que prepara la Fiscalía Superior valenciana por delitos fiscales contra Alperi. La Agencia Tributaria ha detectado que en 2007, 2008 y 2010 el diputado dejó de declarar al fisco supuestamente 650.000 euros, como publicó ayer Información. Las fuentes jurídicas consultadas consideraron muy improbable que la investigación de los hechos sea incorporada a la rama del caso Brugal que instruye el magistrado Climent. Lo esperable, por lo contrario, es que la denuncia dé lugar a una causa autónoma: el caso Alperi.