La Junta advierte del impacto en las cuentas andaluzas de la reforma local

El anteproyecto de ley de Administración Local presentado por el Gobierno central, sujeto aún a múltiples retoques y debates, tendría un impacto muy negativo en los Presupuestos de la comunidad autónoma, según sostiene un informe elaborado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige Diego Valderas (IU).

La Junta, según este documento, tendría que financiar con sus propios fondos al menos 519 millones de euros para asumir lo que el anteproyecto del Gobierno central llama “competencias impropias” de los Ayuntamientos en materia de educación, sanidad y servicios sociales. El informe de Relaciones Institucionales calcula que el coste para la Junta por limpieza, mantenimiento y obras en colegios supondría 330 millones de euros y que la atención a la drogodependencia, menores o refuerzo a dependientes representaría un coste añadido de 173 millones, que se sumarían a los 464 millones que ya se aportan por este concepto. En política de Igualdad, la cantidad se eleva a unos 15 millones de euros.

La cifra de 519 millones facilitada por el departamento de Diego Valderas es un cálculo hecho a la baja ya que en la misma no están incluidos programas y convenios en otras materias como salud, vivienda o consumo. “Se pretende desviar costes municipales a las comunidades autónomas para no entrar en el debate de la financiación de la administración local. Esto tendrá un impacto muy negativo en los Presupuestos de la Junta”, señaló el también vicepresidente andaluz.

El informe elaborado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales analiza determinados aspectos del anteproyecto de ley de reforma local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero. Este documento se remitirá al Ministerio de Hacienda y Administración Pública tal y como solicitó Cristóbal Montoro en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Valderas criticó que el proyecto del Gobierno carezca de una memoria económica y aseguró que invade competencias exclusivas de la comunidad, por lo que si el Ejecutivo mantiene tal cual la redacción actual de la norma, la Junta “no tendría más remedio que plantear un recurso al Tribunal Constitucional porque crea un problema de financiación autonómica muy gordo”.

La reforma local afectaría a la práctica totalidad de los 771 municipios de la comunidad y los de menos de 5.000 habitantes (un total de 509) corren el riesgo de ser “intervenidos” unilateralmente. En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes, que suponen el 89% del total de Andalucía, la reforma del Gobierno podría suponer la pérdida de competencias en favor de las diputaciones. “Estamos ante una reforma de tapadillo de las competencias autonómicas, a las que se les deriva una serie de competencias municipales, sin añadir financiación a las mismas”, dijo Diego Valderas, para quien el proyecto “implica el tutelaje sobre los Ayuntamientos.

Valderas hizo un llamamiento a todos los alcaldes para que muestren su rechazo al anteproyecto, especialmente a los del Partido Popular, a los que pidió que formen “bloque de oposición racional” ante una ley que anula leyes autonómicas como la de la Autonomía Local y la de Participación de los entes locales en los tributos de la comunidad. También se quejó de que el PP haya “secuestrado” a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que aún no ha emitido una opinión sobre la reforma local.

En este sentido, el portavoz socialista Francisco Álvarez de la Chica, instó a la presidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz (PP), a que convoque cuanto antes una asamblea. La alcaldesa de Marbella defendió el proyecto del Gobierno porque, según dijo, los Ayuntamientos verán garantizada su sostenibilidad.