El Consell quiere liberarse de la carga del Valencia tras anularse un aval

El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, ha pronosticado hoy que la sentencia que anula el aval que concedió el Consell a la Fundación Valencia CF para la compra de acciones del club valenciano por considerarlo irregular "puede introducir cambios muy significativos en el escenario actual" del club y de su fundación.

En declaraciones a los periodistas en la recepción del Avión Fallero en el aeropuerto de Manises, Císcar ha sido preguntado sobre el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, que considera que el Instituto Valenciano de Finanzas "avaló una operación de compra por parte de la Fundación del Valencia CF en detrimento de otros socios".

El vicepresidente ha insistido en que los servicios jurídicos de la Generalitat tienen ahora que analizar en profundidad la sentencia y apuntar sus repercusiones y consecuencias jurídicas para la Administración autonómica.

"Lo único que podemos avanzar es que la sentencia puede cambiar signifcativamente el panorama, el escenario del Valencia", ha señalado Císcar, para quien resulta "evidente" que, según ha podido conocer en un primer análisis, la Generalitat queda "liberada" de cualquier carga económica en el Valencia o su fundación.

"Si -la sentencia- dice que hay que retrotraerse a un momento en que el aval aún no estaba formalizado, libera a la Generalitat, eso es así", ha añadido.

Ha mostrado también su cautela sobre la posibilidad de que Bankia pase a ser, con este fallo, propietaria del Valencia: "Las acciones seguirán siendo propiedad de la fundación y esta tendrá un préstamo con Bankia, donde la garantía del aval de la Generalitat desaparece; pero eso no quiere decir que automáticamente Bankia tenga que ser la propietaria del Valencia".

Preguntado sobre si el Consell seguirá respaldando al Valencia, ahora que en principio ya no tendría carga económica en el club, ha recordado la postura al respecto del Gobierno valenciano: "Son otros tiempos y hay otras prioridades".

No obstante, ha matizado, esto "no quiere decir que la Generalitat no sea sensible a la situación del Valencia" y podrá estar a su lado "conjuntamente con el Ayuntamiento, la Diputación y otras instituciones para ayudarla".

"Sabemos -ha remarcado- lo importante que es el Valencia para la sociedad valenciana. Pero ya sería con fórmulas diferentes".

Asimismo, Císcar ha insistido en que los servicios jurídicos de la Generalitat analizarán el fallo conocido hoy "para ver de qué manera tiene que recuperar ahora ese dinero".

Por su parte, el consejero de Economía, Máximo Buch, preguntado sobre este mismo asunto en un acto de las cámaras de Comercio y Casa Mediterráneo, ha manifestado también que la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos del IVF están ya analizando la copia de la sentencia "para ver sus efectos".

"Parece que hay errores administrativos y falta de notificación a la Unión Europea", ha señalado Buch, para quien de confirmarse lo avanzado en la sentencia, supondría para la Generalitat la "descarga de una responsbilidad económica".

Preguntado sobre cuál puede ser el futuro económico del Valencia CF si queda en manos de Bankia, el conseller ha respondido: "No lo sé, creo que Bankia va a tener el mismo interés que teníamos nosotros, que es darle viabilidad económica al Valencia CF: que tenga un buen proyecto deportivo y social y que el club salga adelante porque, además, Bankia es la primera interesada tanto en una situación como en otra por ser el mayor acreedor".

"Nuestra relación con Bankia es buena y sea cual sea la situación, vamos a colaborar con la fundación y con Bankia para que la solución que se dé al Valencia sea positiva y apoye la continuidad del club y su estabilidad económica y social".

Contenido de la sentencia

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha anulado el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación del Valencia Club de Fútbol para comprar acciones del ente, al considerar que va "en detrimento" de otros socios, según consta en una sentencia, contra la que cabe recurso, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

De esta manera, el magistrado estima el recurso interpuesto en marzo de 2010 por dos socios del club contra la decisión del IVF de respaldar a la fundación con un préstamo de 75 millones de euros concedido por Bancaja.

Estos dos socios interpusieron el recurso después de que no pudieran acceder a las acciones excedentes de la primera oferta de la ampliación de capital de la fundación aprobada mediante Junta General extraordinaria el 7 de junio de 2009, como consecuencia del aval concedido por el IVF, lo que permitió que fueran suscritas por la fundación.

Los dos socios alegaban que esta actuación debía de estar sujeta a la normativa europea en materia de ayudas públicas; y criticaba que el objetivo de este aval era conceder a la fundación la adquisición de las acciones "con carácter preferente" al del resto de los accionistas del Valencia CF SAD, que no pudieron obtener dicha garantía. También defendió que el aval se concedió a una entidad que carecía de ingresos y, por tanto, de posibilidades de costear el importe.

Los hechos se remontan a agosto del año 2009, cuando el director general del IVF adoptó un acuerdo para la concesión de un aval a favor de la Fundación del Valencia CF, destinado a garantizar la operación de crédito concertada con Bancaja por importe de 75 millones de euros, con el fin de suscribir las acciones derivadas de ampliación de capital por parte del Valencia CF.

El magistrado, tras examinar esta documentación, considera que la concesión del aval excede "en mucho" los límites establecidos por la Comisión de Inversiones, los límites presupuestarios legales de concesión de avales, y el marco de la normativa comunitaria sobre concesión de ayudas públicas, que "ha sido obviada en absoluto".

El juez recuerda que, según la documental aportada por la administración demandada, que consistía en informe de asesoría jurídica y recuperaciones, facturas y justificantes de transferencia, queda patente que han sido emitidas facturas con periodicidad anual por concepto de comisión sobre el importe avalado por importe de 375.000 euros, pero solo dos han sido abonadas.

Al respecto, el magistrado indica que "no consta" la adopción de medida alguna en relación a estos impagos: ni ejecución de la garantía constituida, ni actuación ejecutiva alguna contra el avalado, el cual, al parecer, "no está atendiendo el pago principal prestado por Bancaja". Asimismo, no consta en el expediente que la fundación haya acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con el que hacer frente no solo al pago de comisiones y gastos pactados.

Gratuita con riesgo

De estos aspectos cabe deducir --según apunta el magistrado-- que la operación "no solo era gratuita, sino sujeta a un riesgo que, de haber sido aplicados los límites a la concesión de ayudas por parte de la Generaitat, nunca se hubieran asumido". Asimismo, estima que el acuerdo de concesión del aval "en modo alguno" se atiene a los límites impuestos por la Comisión de Inversiones para el ejercicio 2009.

Además, el juez destaca que la concesión del aval, y su ampliación, por "ruinosa", nunca podría generar ingresos al IVF, "sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él".

A su entender, la Fundación del Valencia CF "no solo no ha hecho frente al pago de las comisiones, sino tampoco al principal que se le prestó, y por el que con toda probabilidad debería responder la avalista; es más, como acertadamente indica la parte actora en sus conclusiones, con absoluta infracción de las reglas del procedimiento prevenidas en el propio Reglamento que la Comisión de Inversiones modifica en su sesión de junio de 2010".

En febrero de 2013, la Generalitat pagó a Bankia, a través del IVF, los 4,86 millones de euros correspondientes a los intereses de la deuda que la Fundación VCF mantiene con la entidad bancaria a raíz de ese crédito.

Ese pago vencía en agosto, pero se prorrogó hasta final de noviembre y, después, las partes se dieron de plazo hasta el 31 de enero para encontrar una solución. No obstante, finalmente la Fundación VCF comunicó la imposibilidad de hacer frente ese pago y la negociación con Bankia se trasladó a la Generalitat, como avalista de ese préstamo.

El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, ha pronosticado hoy que esta sentencia "puede introducir cambios muy significativos en el escenario actual" del club y de su fundación. El vicepresidente ha insistido en que los servicios jurídicos de la Generalitat tienen ahora que analizar en profundidad la sentencia y apuntar sus repercusiones y consecuencias jurídicas para la Administración autonómica.