Goirizelaia aclara que los profesores debían evaluar a los deportados de ETA

El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, ha defendido hoy a los profesores Xabier Aierdi y Enrique Antolín, acusados de prevaricación por impartir docencia a miembros de ETA deportados, y ha asegurado que ambos "tenían la obligación de formarles y evaluarles".

Gorizelaia ha comparecido como testigo en la segunda sesión del juicio que se celebra en Bilbao contra los dos profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. El rector ha aclarado que en ningún caso hubieran podido, como profesor el primero y como vicedecano el segundo, intervenir para facilitar la matriculación de los miembros de ETA deportados de Ángel Lete Etxaniz y Belén González Peñalva.

Ha asegurado que la matriculación del alumnado es una "cuestión adminitrativa", que depende de "una normativa de gestión académica que se aprueba en el Consejo de Gobierno de la UPV" y no de los profesores. La fiscalía y las acusaciones, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Voces contra el Terrorismo, consideran que ambos profesores cometieron un presunto delito de prevaricación y piden para ellos hasta nueve años de inhabilitación, al incluir a los dos deportados en el protocolo que existía para alumnos que no podían acudir a examinarse de forma presencial y que mayoritariamente eran presos de ETA.

También ha testificado hoy el que fuera rector de la Universidad del País Vasco entre 1996 y 2001 - época en que ocurrieron los hechos que se juzgan-, Pello Salaburu, quien ha afirmado que desconocía la existencia de estos dos alumnos, ya que "a un rector hay muchas cosas que no le llegan".También ha asegurado que no recibió "absolutamente" ninguna queja al respecto.

En cualquier caso, ha señalado que, si se le hubiera "presentado esa situación, seguramente habría hecho lo que han hecho estos profesores" y buscar "la forma de que se les evalúe". Según ha indicado, "habría aplicado por analogía exactamente el mismo criterio" que con alumnos presos en cárceles, pese a que no se ajusten "exactamente" a lo que recoge el convenio al respecto, salvo que "los servicios jurídicos digan que no se puede hacer de esa manera".

El exrector Salaburu defiende que se aplicara el mismo protocolo que con otros alumnos presos

Además, los profesores Imanol Zubero, impulsor de Gesto por la Paz y exsenador socialista, Rafael Sainz de Rozas, actualmente en la Defensoría del Pueblo del País Vasco, y Pedro Luis Arias, exportavoz de Gesto por la Paz, han resaltado la vinculación de los dos acusados con iniciativa del movimiento pacifista y han rechazado "absolutamente" que pueda relaciona con el entorno de la izquierda abertzale o de ETA. "Al contrario", ha manifestado Sainz de las Rozas.

Desde la secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comuniación, donde estaban matriculados los dos deportados, han asegurado que Lete y González recibían el mismo trato que el resto de alumnos considerados especiales, desde el convencimiento de que era un sistema organizado desde el rectorado de la UPV y que, por tanto, era lo correcto.

La Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación enviaba el material de estudio a todos los alumnos catalogados como especiales y creó un registró de recepción de los trabajos de esos estudiantes.

La jueza ha escuchado hoy el testimonio de profesores de esta facultad que han expuesto que el sistema de aprobación de asignaturas mediante la presentación de trabajos era entonces y es ahora una práctica habitual, también para los alumnos presenciales, y por tanto no era un trato de favor a ese colectivo de alumnos relacionados con ETA.

Ese sistema de trabajos lo usan otras universidades "como la de Deusto" y hasta el proyecto de fin de carrera de la Escuela de Ingenieros es, en realidad, un trabajo, ha dicho José Antonio Oleaga, profesor de la misma facultad. "Tan difícil o tan fácil será aprobar una asignatura por trabajos que con un examen", ha añadido.

Alfonso Unzeta, que fue decano de la Facultad donde Lete y González estudiaron, y después viceconsejero de Educación del Gobierno vasco y asesor para la reforma de la Logse, ha ratificado que la matriculación de deportados era una situación que iban heredando los sucesivos equipos decanales", si que pudieran tener "ningún papel" de decisión respecto a su matriculación.

El catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, José Manuel Castells, ha asegurado que cualquier alumno "tiene derecho a ser formado sin ser discriminado por razones ideológicas" y que la forma de evaluar cada asignatura forma parte de la libertad de cátedra. Ha explicado que "los alumnos deportados eran asimilados entre los alumnos presos", aunque el convenio no se refiriera a ellos explícitamente.

El juicio finalizará mañana con la lectura de los informes definitivos de las partes que, según ha advertido hoy la jueza, no podrán tener una duración de más de media hora para su presentación.