La Xunta defiende ante el Gobierno que todos los alcaldes tengan salario fijo

En un lenguaje cuidadosamente diplomático, la Xunta afirma que se trata de una aportación “constructiva” a un proyecto cuyos “objetivos y orientaciones comparte”. Pero el contenido de las alegaciones que el Gobierno de Feijóo ha presentado a la reforma local del Ejecutivo central equivale casi a una enmienda a la totalidad. La Xunta rechaza, entre otras cosas, dejar sin sueldo a los alcaldes de municipios con menos de 1.000 habitantes y defiende también un régimen de remuneraciones a los concejales más generoso que el previsto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el documento hecho público ayer por el Gobierno de Feijóo, se advierte que algunos aspectos de la reforma pueden “comprometer la autonomía municipal” y “penalizar a los municipios de pequeña y mediana dimensión”, considerados por la Xunta la “verdadera base estructural de prestación de servicios a nivel local”.

 Primero fueron los alcaldes a título individual, sobre todo los de pequeños ayuntamientos, muchos de ellos del PP, que arremetieron con dureza contra un proyecto auspiciado por su propio partido. Ese clamor quedó reflejado en el documento de alegaciones aprobado días atrás por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que preside el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, una serie de enmiendas que cuestionan aspectos centrales de la reforma promovida por el ministerio de Cristóbal Montoro. Y ahora es la propia Xunta la que censura una parte importante del tronco central de la propuesta del Gobierno. El documento del Ejecutivo autónomo, elaborado por la Consellería de Presidencia, que dirige el también vicepresidente, Alfonso Rueda, está en poder de Mariano Rajoy desde el pasado lunes, cuando se lo entregó Alberto Núñez Feijóo durante la entrevista que ambos mantuvieron en La Moncloa.

La Xunta se pone de parte de los alcaldes en uno de los puntos más controvertido de la reforma, los salarios de los miembros de las corporaciones locales. “No parece razonable que quien ostenta el mayor grado de representatividad y responsabilidad municipal no pueda percibir remuneración alguna, en claro desequilibrio con el personal funcionario que está a su cargo”, argumenta la Xunta para oponerse a la supresión de los salarios de los representantes políticos en los municipios de menos de 1.000 habitantes. El Gobierno gallego propone una escala salarial fija tomando como referencia la de los funcionarios de la Administración autonómica. Así, los alcaldes de ayuntamientos de hasta 2.000 habitantes percibirían tanto como un jefe de sección de la Xunta (34.000 euros anuales), los de entre 2.000 y 5.000 residentes se igualarían a un jefe de servicio (40.000 euros), de 5.000 a 20.000 como un subdirector general (47.000 euros), de 20.000 a 50.000 como un director general (52.000 euros) y los de más de 50.000 como un conselleiro (59.000 euros al año).

Además, el Gobierno de Feijóo plantea que se establezca un tope máximo de gasto al año para dedicaciones exclusivas de los concejales en lugar de limitar, como hace el proyecto de reforma, el número de ediles que pueden cobrarlas. En cualquier caso, la propuesta de Galicia vincula parte del salario a la situación económica de cada Ayuntamiento, de tal modo que las remuneraciones se puedan aumentar o recortar hasta un 10% según la liquidación de cuentas de cada año.

Más allá de la polémica de los sueldos, el Gobierno de Feijóo pretende enmendar otros asuntos de relevancia. Reclama, por ejemplo, que se preserve un “núcleo irreductible” de competencias de los ayuntamientos. Y defiende, en contra del texto elaborado en Madrid, que la Administración local mantenga la prestación de algunos servicios sociales. La propuesta gallega también limita la pretensión de que las Diputaciones se hagan cargo de servicios que los ayuntamientos no puedan financiar. La Xunta reclama que la comunidad autónoma también tenga capacidad para asumir esas competencias. Y propone otra alternativa: que los municipios puedan fusionarse para evitar la intervención de administraciones de rango superior.

El propósito de favorecer la unión de ayuntamientos inspira varias de las alegaciones de la Xunta, que rechaza hacerse cargo del mantenimiento de los centros de educación, hasta ahora competencia municipal, ya que provocaría un “considerable incremento del gasto público”. Además exige financiación adicional del Gobierno del Estado para poder asumir servicios educativos y sanitarios que prestan ahora los ayuntamientos.