Los arquitectos apuntalan su propia casa

Los arquitectos gallegos tratan de apuntalar su propia casa. El colegio profesional está sumido en una grave crisis institucional y económica que se llevó por delante a su anterior junta directiva —con su presidente, Jorge Duarte, a la cabeza—, obligada a dimitir el pasado diciembre cuando la asamblea tumbó las cuentas que preparaba para este ejercicio. La dirección saliente planeaba también un ERE para despedir a 17 de sus 46 empleados, el cierre de todas las delegaciones (en cada una de las siete ciudades) menos la de Santiago, y la venta de su goloso patrimonio inmobiliario: 19 fincas en las principales urbes gallegas valoradas en casi 20 millones de euros.

El 30 de marzo se celebran elecciones y cinco candidaturas se disputan el poder. Esta tarde los candidatos exponen en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en Santiago, sus programas. Las intervenciones se podrán seguir también a través de Internet. Duarte, el actual presidente en funciones, aspira a repetir en la futura junta pero ya como vocal en una lista unipersonal que solo opta a ese puesto.

Los últimos acontecimientos han espoleado la participación interna. Acostumbrados a las reuniones de trámite, donde solo tomaban parte unas docenas de arquitectos, en la que en diciembre sirvió para echar atrás los presupuestos de 2013 se juntaron un millar de colegiados, de los 2.650 con derecho a voto. Participaron 998 y 732 lo hicieron para censurar el presupuesto. El malestar con la directiva venía de antes pero estalló en esa votación. La dirección acabó renunciando en bloque. Son legión los arquitectos que exigen más participación en los órganos de gobierno y acusan al equipo de Duarte de optar por una política de hechos consumados sin demasiada transparencia.

Ni el expediente de regulación de empleo ni la venta de los inmuebles fueron sometidos a votación en asamblea. Así que la única forma de pararlos que encontró la mayoría crítica fue devolver los presupuestos.

El pinchazo del globo inmobiliario, el frenazo a la construcción con el consecuente desplome de los visados y, por supuesto, de los ingresos también han dejado efectos secundarios sobre la organización gremial. El colegio vive una situación delicada: tiene una deuda de 6.220.000 euros. Entre los acreedores figuran la Seguridad Social y el medio centenar de trabajadores que tienen dos nóminas por cobrar. El problema es de falta de liquidez porque el patrimonio entre oficinas en edificios singulares, almacenes para archivo, casas por rehabilitar y algún solar suma un valor de 19,7 millones de euros. El diagnóstico generalizado es que la institución es viable pero requiere de una gestión profesional.

Cada una de las cinco candidaturas ha tenido la oportunidad de exponer sus programas a los asociados a través de la Red. Las hay de todos los colores. Por lo visto en la última asamblea prevalece un clamor para aumentar la participación de los colegiados en la toma de decisiones. La gravedad de algunas de las medidas que sobrevuelan la institución — y que puede pasar por el cierre de oficinas, el despido de empleados o la venta del patrimonio que la institución fue reuniendo durante las últimas cuatro décadas— obliga a abrir canales de diálogo en la institución, que ve como proliferan las deserciones.

Aunque para visar proyectos es obligatorio estar colegiado, la elevada tasa de paro y los nuevos modos de ejercer la profesión han incrementado el número de afiliaciones. La batalla ha empezado en las redes sociales y en los foros de Internet. El colegio profesional vive una efervescencia inaudita en sus cuatro décadas de historia. La sensación general es que está en juego su supervivencia.