Recortes del 15% en los municipios

Los municipios catalanes también han tenido que emplearse con las tijeras y recortar gasto ante la fuerte caída de ingresos sufrida. Desde el arranque de la crisis, en 2008, el presupuesto de las entidades locales se ha reducido el 15% para afrontar un descenso de la recaudación de unas dimensiones similares, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La rebaja del gasto, más intensa en los últimos tres años, se da prácticamente en la misma proporción en todos los niveles de Gobierno local: Ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y otros organismos supramunicipales.

Las Administraciones locales fueron las primeras en sufrir la asfixia de la crisis, porque durante los años de bonanza desplegaron un amplio catálogo de servicios y equipamientos que sufragaron con los impuestos que ingresaban al calor de la burbuja inmobiliaria. Cuando estalló, quedaban obras por terminar de pagar, y las que ya habían finalizado tenían unos costes corrientes —cuando se construye una piscina se necesita personal para mantenerla, por ejemplo— que no podían cubrir: No hubo otra solución que recortar. Si las entidades locales presupuestaron 11.563 millones de euros en 2008, el año pasado previeron gastar solo 9.829 millones. Los Ayuntamientos, que concentran el 85% de esa cantidad, pasaron de gestionar 9.936 millones en 2008 a 8.475 millones en 2012.

Estos datos se corresponden a las cantidades presupuestadas que recoge Hacienda y que pueden haber variado a pesar de que los municipios cerraron 2012 con un déficit de solo el 0,20% del producto interior bruto (PIB). No obstante, en la liquidación de 2010 —cuando se comprueba el dinero que se ha gastado— ya se observó la primera caída del gasto. Según cálculos de la profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB) Maite Vilalta, ese año el gasto por habitante retrocedió el 6,5% respecto al año anterior. En ese ejercicio, de acuerdo con estos datos, se mantuvieron los servicios básicos como seguridad, bienestar comunitario y medio ambiente. En cambio, se redujeron los servicios sanitarios, de protección, promoción social y, en especial, las actuaciones económicas. Por ejemplo, el gasto por habitante en comercio y turismo cayó a casi la mitad y en infraestructuras descendió casi el 80%.

Aun así, a partir de 2010 cayeron casi todas las partidas de las entidades locales, salvo la de deuda pública, que aumentó un 14%. Durante los últimos tres años Ayuntamientos, consejos y diputaciones han recortado en dinero para el sector industrial (47%), infraestructuras (40%), urbanismo y vivienda (36%), cultura (33%) y medio ambiente (20%). “Hay 947 municipios catalanes y cada uno es distinto, pero en general se ha ido recortando de fiestas mayores, actividades o subvenciones a entidades y mantenemos el gasto para ayudar a la gente que más lo necesita”, asegura el presidente de la Asociación Catalana de Municipios y alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, quien critica que el único documento que poseen de la reforma local que esboza el ministro Cristóbal Montoro trata de despojar a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la prestación de servicios públicos, que pasarían a las diputaciones.

Los Ayuntamientos han tenido que cerrar durante estos años desde medios de comunicación locales hasta equipamientos que habían construido y que ahora no podían mantener. Los primeros en caer, las escuelas de música. Pero también han cerrado cines municipales o puntos de acogida para inmigrantes. “Todos hemos tenido que racionalizar el gasto y dejar de hacer cosas que creíamos que no eran imprescindibles. Pero hay municipios que han tenido que reducir drásticamente el gasto corriente e incluso cerrar servicios como guarderías, escuelas de música o de arte, que son importantes para la cohesión social y la vertebración de los municipios”, asegura la presidenta de la comisión de Haciendas Locales de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

Los ingresos que presupuestaron en 2012 las entidades locales catalanas aumentaron un 4% respecto al año anterior, por la subida en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Hacienda obligó a subirlo a la mayoría de municipios, recuerda Buch, como también impidió que se abonara la paga de Navidad. “Ese dinero está en el banco. Nos obligaron a romper acuerdos con los trabajadores con una medida que perjudicaba al comercio. Algunos municipios quizá lo agradecieron; otros no lo necesitaban”.

La recaudación que más acusa la crisis es el impuesto sobre construcciones y obras, que se ha desplomado un 70% en cinco años. “El sistema de financiación local es del inicio de la democracia. Hablamos mucho de organización territorial y nada de financiación”, dice Marín, quien añade otro obstáculo: la deuda de la Generalitat. Las transferencias del Ejecutivo de Mas bajaron en 2012 casi el 70% respecto a un lustro atrás. “El Gobierno central no paga al catalán, que no paga a los municipios y estos no pueden cumplir con los proveedores”, dice Buch.

No es el caso de Cabrera de Mar. En 2012 tenía un 40% más para gastar que en 2008. Su concejal de Hacienda, Joan Buxadé, explica que paga las facturas a 30 días.

El concejal sostiene que la localidad del Maresme, de unos 4.500 habitantes, tiene una población de “nivel medio-alto”, lo cual permite “una recaudación importante”. “No nos hemos resentidos del boom inmobiliario y no ha habido obras faraónicas. La recaudación aumentó porque cuando entramos en 2011 nos hallamos con problemas de liquidez y tuvimos que subir el IBI un 14%, que luego fue un 24% por la obligación del Gobierno central de incrementarlo un 10%”, señala.