¿Facturas falsas o enormes facturas?

O es la asesoría fiscal más cara del mundo, o, como dice la fiscalía, Iñaki González se apropió indebidamente de 672.197 euros de un cliente, Talleres La Casilla, TLC, encubriéndolos con facturas falsas sin contraprestación de servicios. El juicio que se sigue contra el asesor bilbaíno y contra la empresa de la que era administrador, IG Consulting, quedó ayer visto para sentencia con esa cuestión colgando en el ambiente. TLC entregó a González 961.106 euros, según aseguran sus propietarios para hacer frente al coste de la contabilidad, pago de impuestos, multas y recargos, de los que solo 187.996 fueron destinados a pagarlos, 91.703 correspondieron a sus honorarios y otros 100.913 fueron reintegrados a TLC.

Es decir, 672.197 según coinciden la fiscalía y la acusación, han desaparecido supuestamente en favor de González. La defensa, sin embargo, argumentó que fueron los honorarios del asesor, ya que TLC pagó las multas a través de sus cuentas y de los más de 900.000 euros que le dieron entre 2000 y 2005, 187.996 fueron ingresados por Ignacio González en la Hacienda de Bizkaia.

De ser sus honorarios, es decir, facturas especiales, ya que tenían una iguala, esos trabajos especiales hubieran costado a su cliente 12.700 euros al mes, además de la iguala. Mucho dinero teniendo en cuenta que el asesor que contrató TLC a partir de 2006 y hasta 2010, declaró que facturó 40.500 por la iguala y trabajos especiales. De 40.500 a 763.900 por el trabajo de un lustro. Un auténtico abismo.

“Todo orbita sobre el destino de las cantidades” que el cliente ingresó a González, precisó el abogado de la acusación, José Ignacio Gómara. Para él no hay duda. González no solo se quedó con más de 160 millones de “las pesetas de hace más de diez años”, sino que falseó toda la contabilidad con facturas dobladas y no coincidentes con las originales, con conceptos vagos y realizados, posiblemente el mismo día cada ejercicio y que sólo fueron legalizadas a base de requerimientos de la administración y de parte. “Esto no es una mala praxis, sino falsedad”, aseguró Gómara.

Los letrados de la defensa, sin embargo, sostuvieron que “quien paga voluntariamente pensando que obtiene beneficios”, no provoca una apropiación indebida y que las irregularidades en la contabilidad son habituales, aunque provoquen multas y recargos de Hacienda.

TLC acudió a González en 2000, en un momento de dificultades. La Hacienda de Bizkaia les pedía más de cien millones de pesetas por un delito fiscal cometido en 1995 y 1996. Iñaki González, que apareció vinculado al inspector de la Hacienda de Bizkaia Juan Ramón Ibarra —condenado por el Supremo a cuatro años seis meses y un día por falsedad en documento—, tenía fama de conseguir tratos de favor de la administración tributaria. De hecho, parte de la defensa se basó en eso: ¿Cuánto valen las gestiones para paliar las sanciones de Hacienda? Un inspector en activo aseguró que las gestiones se limitan a una solicitud. La defensa cuadra el balance asegurando que supondría más de 600.000 euros.