Nuevo recurso judicial de la Xunta para avalar la ubicación de Ence

Al menos tres sentencias judiciales —dos del Tribunal Supremo y una del Tribunal Superior de Xustiza, derivada de una de las anteriores— cuestionaron en todo o en parte el año pasado el proyecto de incidencia supramunicipal de Ence en Pontevedra, un documento de 2003 que en la práctica ha servido de puente para evitar que el Ayuntamiento vete por cuestiones urbanísticas el emplazamiento de la pastera, junto a la ría. Tras aquellas resoluciones, la Xunta alegó que solo contenían objeciones formales, y dio por resuelto el asunto con la publicación en diciembre de aquel proyecto en el Diario Oficial de Galicia, con casi una década de retraso. La seguridad del Ejecutivo no debió de ser absoluta, no obstante, porque recurrió la última de estas sentencias, de nuevo ante el Supremo, según reveló ayer el Ayuntamiento pontevedrés.

“Con independencia de que con la publicación de la normativa del proyecto se da por cumplida la sentencia, también se decidió interponer el contencioso”, admiten ahora desde la Xunta, después de que el concejal de Ordenación do Territorio de Pontevedra, Cesáreo Mosquera, compareciese en rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento acababa de recibir la notificación del recurso, cuatro meses después, cuando ya había pedido la ejecución de la sentencia. La Xunta dice que quiere “defender la actuación llevada a cabo en 2003 y garantizar su legalidad”.

La resolución recurrida reitera los argumentos de las anteriores pero añade que el cacareado proyecto —auspiciado por el último Gobierno de Fraga para que la empresa fabricase no solo la pasta de celulosa como hasta entonces sino también el papel— carecía de cinco informes imprescindibles. El Superior manda cumplimentar tales informes, pero sucede que el proyecto nunca se ejecutó en su totalidad y Ence ya lo ha abandonado. La Xunta alega ahora que no son necesarios.

“Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”, cargó Mosquera, que criticó la próxima incorporación de Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente de Aznar, al consejo de administración de la pastera. En la plantilla ya figura Carlos del Álamo, exconselleiro del ramo con Fraga. “Se abre la puerta a la corrupción”, protestó el edil, que cree que este recurso y la reforma de la Ley de Costas, que permitirá prorrogar la concesión de la planta más allá de 2018, forman parte de una misma estrategia.