El Parlamento aprueba aumentar el control sobre los altos cargos
La Cámara da luz verde por unanimidad a tramitar una proposición del PSE
En plena oleada de titulares sobre supuestos casos de corrupción, el Parlamento vasco ha debatido hoy en su pleno ordinario la toma en consideración de una proposición de ley del PSE para crear un código de conducta que aumnte el control sobre los altos cargos de las instituciones públicas y su régimen de incompatibilidades. La propuesta ha salido adelante por unanimidad, pese a la seria bronca dialéctica entre PNV y PSE, y ahora pasará al trámite de enmiendas y el debate en ponencia sus detalles.
La propuesta coincide en el tiempo con la elaboración por el Ejecutivo de un código ético para los altos cargos que revise el que aprobó el anterior Gobierno socialista, para cuya presentación se ha dado el plazo de un mes.
La proposición de ley del PSE busca “actualizar” el régimen de incompatibilidades vasco, regulado en la actualidad por una ley de 1983, como ha señalado la proponente, Idoia Mendia, quien ha resaltado la necesidad de “evitar la pérdida de confianza” de la ciudadanía hacia este tipo de cargos de libre designación.
La iniciativa, sujeta a cambios durante el trámite de enmiendas y el debate en ponencia que se abrirá en breve, recoge en su articulado los principios de conducta que deben guiar el trabajo de todos los altos cargos de la Administración vasca, crea una oficina de conflictos de intereses y obliga a realizar declaraciones del patrimonio y de las actividades privadas realizadas dos años antes y después de su cese.
Los altos cargos de las Administraciones forales estarán obligados a cumplir solo una parte de la futura ley.
El texto prohíbe a los altos cargos intervenir en decisiones sobre empresas en las que hayan participado en los dos años previos a su nombramiento para el puesto público. Y en los dos años siguientes a su cese no podrán realizar “ningún tipo de servicio, ni mantener relación laboral y mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubieren tenido relación directa” durante su paso por la Admnistración.
La ley obligaría a realizar declaraciones del patrimonio y de las actividades privadas dos años antes y tras el cese
El anteproyecto que elaboró del anterior Gobierno socialista incluía una disposición adicional en la que se eximía quienes se encontrasen ejerciendo en el momento de su aprobación, punto introducido a petición de los altos cargos del anterior Departamento de Industria. Ahora, ese aspecto no figura en el texto planteado. El PNV ha avanzado que está evaluando que la normativa "se haga extensible a los cargos de la anterior legislatura".
La proposición socialista fija sanciones que van desde la inhabilitación para cargos públicos durante 10 años hasta la devolución de las cantidades indebidamente percibidas o la destitución. El régimen sancionador tiene una excepción: el lehendakari, cuyas posibles sanciones figuran recogidas en la ley de Gobierno.
En el debate, la peneuvista Ana Otadui ha realizado una defensa de la clase política y ha remarcado que “la honestidad es la política más eficaz”. Para los nacionalistas, “una manzana podrida no contamina al resto”.
La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha recordado que su grupo firmó un compromiso ético al inicio de la legislatura y ha subrayado que la propuesta recoge cuestiones que se presuponen a los altos cargos. “La mejor ley es aquella que no es necesaria”, ha dicho Mintegi, quien ha apostado por que los altos cargos “no tengan privilegios y sí las responsabilidades” de cualquier empleado público.
La popular Arantza Quiroga ha reconocido que la legislación vigente “no satisface las exigencias sociales del momento” y ha planteado que el texto tiene lagunas en cuestiones de transparencia y de exposición de datos a la ciudadanía.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha señalado que la ley es necesaria, pero “insuficiente” y ha planteado varias medidas, como evitar que las personas inmersas en procesos judiciales figuren en listas electorales con el fin de “luchar sin descanso contra el amiguismo y contra la corrupción”.
El Gobierno planteó su criterio favorable a la toma en consideración del texto. Eso sí, lo hizo en un documento en el que sutilmente muestra su “extrañeza por la premura en la presentación de la presente iniciativa”, para después criticar los “numerosos retrasos” que sufrió el anteproyecto de ley elaborado por el anterior Gabinete, que al final no dio el paso de aprobarlo pese a encontrarse, como recuerda el actual Ejecutivo, recogido en el calendario legislativo.
A esa crítica se ha sumado Quiroga, quien ha mostrado sus dudas: “No sé si es una forma de buen gobierno el salir del Gobierno y presentar la proposición desde la oposición”.
Otadui ha recordado que en el calendario legislativo inicial estaba prevista la aprobación del correspondiente proyecto de ley en 2011 y ha criticado que para el PSE "ahora se convierte en prioridad" lo que "antes no lo era". La portavoz del PNV se ha mostrado especialmente contundente y ha censurado que la proposición socialista se gestó con recursos públicos en la pasada legislatura y ahora se utiliza "en beneficio" del PSE, lo que, a juicio de Otadui, "vulnera su propio código ético".
Mostraba así su molestia ante las iniciativas legislativas que está impulsando el PSE, que está presentando todos los proyectos o anteproyectos de ley que quedaron o bien pendientes de aprobación en el Parlamento cuando se disolvió por la convocatoria electoral o bien a la espera de obtener el visto bueno previo del propio Ejecutivo.
De los tres textos elaborados por los socialistas hasta la fecha, dos de ellos han recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno: la proposición de ley de aprendizaje a lo largo de la vida y la de incompatibilidades. La relativa a la ley municipal no obtuvo el visto bueno de Lehendakaritza y después decayó en el pleno del Parlamento.
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