Un juzgado investiga al exalcalde de Vinaròs por supuesta prevaricación

El exalcalde socialista de Vinaròs, Jordi Romeu, está siendo investigado por presunta prevaricación administrativa. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vinaròs ha abierto una causa contra el exregidor a raíz de una querella presentada en febrero del pasado año por la Fiscalía de Castellón, según han confirmado este miércoles desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

Como consecuencia de esta querella, Romeu está imputado en el caso y prestó declaración el pasado mes de noviembre. A lo largo del mes de marzo están previstas nuevas testificales.

La investigación tiene como causa un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas del Ayuntamiento de Vinaròs de 2008. En este documento queda constancia de la irregularidad: “Existencia de gastos por un importe superior a 1.629.294 euros de los que no se tiene constancia de que se instruyese expediente de contratación”.

Según la Sindicatura, en estos gastos “no se ha seguido ninguno de los procedimientos de adjudicación legalmente exigidos, habiéndose procedido a la adjudicación directa”. Entre ellos, cita los 325.707 euros para obras de la red pluvial en el PAI Sur 17, otros 155.588 para los festejos populares como actuaciones y montaje de carpas, y 107.267 euros para la remodelación de los edificios municipales, entre otros. En total, hasta 23 contratos que se habrían adjudicado a dedo.

En el mismo informe se recoge la postura del exalcalde. Este basa sus alegaciones en “lo manifestado por el secretario del Ayuntamiento y por el técnico de Contratación”. Así, sobre la existencia de gastos objeto de adjudicación directa expone: “La gestión administrativa cotidiana y la necesidad de acelerar la actuación del Ayuntamiento lleva, de forma más habitual de lo que sería deseable, a proceder en dicho sentido con la intención de evitar situaciones que pudiesen acarrear graves perjuicios”.

“No obstante lo indicado, se está trabajando en el ámbito de la planificación, de tal forma que se puedan prever con antelación ciertas actuaciones, haciendo compatible las urgencias de respuesta administrativa con los principios de la contratación pública”, sostiene en el documento de alegaciones.

Desde la Sindicatura de Comptes explicaron que sus informes se remiten al Tribunal de Cuentas, que es el que tiene la capacidad de judicializar las supuestas irregularidades. Desde este organismo han confirmado también que remitieron este informe sobre las cuentas de 2008 al fiscal para su investigación.