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El juez de Gürtel imputa de nuevo a una directora general de la Generalitat

La responsable de Promoción Institucional es citada a declarar por contratos con la trama

Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional, en una imagen de archivo.
Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional, en una imagen de archivo.

El juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha vuelto a imputar, en un auto conocido hoy, a Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat. La decisión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que como recuerda ya fue anticipada en el auto que dio por concluida la instrucción de la pieza separada sobre la contratación del Consell con la trama para la organización y el montaje del pabellón de la Generalitat en Fitur, deja en una delicada situación al Ejecutivo de Alberto Fabra. Su Gobierno readmitió a Ibars en el cargo hace pocas semanas, cuando su imputación en la pieza separada de Fitur por la que fue destituida fue archivada.

El instructor señala que existen indicios de su participación en otra supuesta ilegalidad cometida por la Generalitat al dar otro contrato con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, omitiendo las fórmulas obligatorias a las que debe ceñirse la Administración. El juez cita un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se señala que Ibars participó en la adjudicación a Orange Market de otros pabellos de la Generalitat en la misma feria turística de Fitur, sin “que haya existido procedimiento de contratación alguno”. “Varios de los archivos utilizados para la confección del informe (correos electrónicos) figuraban en soportes informáticos intervenidos en la sede de Orange Market SL, que se trataron de ocultar momentos antes del registro de la sede de la citada mercantil”, añade Ceres.

Los indicios de delito, prosigue el magistrado, porque existen “correos electrónicos que abundan en dicha posibilidad, los cuáles han sido ratificados por las personas que los emitieron”. Se trata, añade, el juez en la providencia, de las empleadas públicas Elsa Esplugues (de la dirección general de Promoción Institucional) y Vanessa Borrás (de la Ciudad y las Artes y las Ciencias, SA, CACSA), que prestaron declaración la semana pasada “en tal sentido”.

Borrás, además, indica el juez, ha aportado documentación que reforzaría la supuesta participación de Ibars en los hechos delictivos. En uno de los correos que obran en la causa, Borrás le indicaba a Cándido Herrero, directivo de Orange Market: “El importe de la facturación, cuando nos lo facilite Dora Ibars, se desglosará en dos tercios CACSA y un tercio Parque Reunidos Valencia”, esta última una empresa privada que gestiona, entre otros espacios, L’Oceanogràfic.

El juez cita a declarar a Ibars el día 22 de marzo. Y hace lo mismo, aunque en calidad de testigos, con Xavier Colinas, del Palau de les Arts; José Puentes Requena (director de Marketing Circuit Valencia); Francisco Amorós Fraper (Consell Valencià de L´Esport, de la Consejería de Cultura); Natalia Rodríguez (dirección general de Promoción Institucional, que deberán acudir el 6 de marzo.

Y el mismo día 22, lo harán también Isabel Patricia Falgas Martínez (responsable de marketing de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana); Emilio J. Alhambra Sempere (Ciudad de la Luz); Concepción Godoy (La Luz de las Imágenes); Alicia Verdú (CACSA) y Mercedes Añó (Parques Reunidos Valencia SA).

Todos ellos tendrían información de la contratación con El Bigotes que, según la policía y la Fiscalía Anticorrupción, se realizó a dedo, troceando el importe de los contratos para que no superasen los 12.000 euros, como forma de evitar los estrictos requisitos de contratación pública.

El magistrado también requiere a la Generalitat para que le informe sobre las “personas que prestaban sus servicios en la Dirección General de Promoción Institucional dependiente de dicha Presidencia [de la Generalitat] en los años 2008 y 2009.” Y para ello reclama que en un plazo de cinco días “se certifique sobre tal particular, los cargos que dichas personas ostentaban, las personas de las mencionadas que tuvieron algún grado de intervención en relación a la adjudicación y facturación relativas al “montaje” del stand de Grandes Eventos de FITUR 2009 a Orange Market, SL y órganos u organismos que se encargó del pago efectivo de dicho montaje”.

El instructor también solicita a la Agencia Tributaria que le remita toda la información sobre la contratación de Orange Market en los años 2008 y 2009. Y también a la Consejería de Economía “para que certifique sobre las percepciones de la entidad de Orange Market, SL durante los años 2008 y 2009”.

 

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