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Imputado Crespo por recibir regalos de la mafia rusa a cambio de favores

El diputado de CiU en el Parlament, acusado de favorecer negocios de la mafia rusa

El diputado de CiU, Xavier Crespo.
El diputado de CiU, Xavier Crespo.

El exalcalde de Lloret de Mar y diputado de CiU, Xavier Crespo, declarará como imputado el próximo 13 de marzo por el caso de presunto blanqueo de la mafia rusa en la localidad costera. Crespo se enfrenta a los delitos de cohecho y prevaricación por haber favorecido, presuntamente, los negocios de Andrei Petrov en la ciudad a cambio de “regalos”. La investigación de la Guardia Civil cree que Crespo viajó a Rusia junto a su mujer y su hijo a cuenta de Petrov, recibió un reloj de 3.000 euros por su cumpleaños y consiguió patrocinios para los equipos de hockey y de fútbol de la ciudad por valor de 270.000 euros.

“Dichos regalos fueron realizados indiciariamente [SIC.]en su consideración de alcalde de la localidad y para conseguir un trato de favor en la realización de las obras de construcción y proyectos inmobiliarios que DDC [la empresa de Petrov] estaba llevando a cabo en la localidad de Lloret de Mar (bonificación de impuestos, cambios de usos, tolerancia en la ejecución de las obras...). En concreto, el centro comercial conocido como Els Braus y en los terrenos del Hotel Blanca Aurora”, recoge el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Guardia Civil irrumpió el 25 de enero en el Ayuntamiento, en la bautizada como operación Clotilde, y detuvo a Petrov; a su arquitecta, Pilar Gimeno; a su secretaria, Jessica H.; a su cuñado, Konstantin Michanin, y a su padre, Boris Petrov, sospechosos de formar parte de una organización criminal que blanqueó, presuntamente, 56 millones de euros a través de la compañía Development Diagnostic Company (DDC). Más tarde fueron arrestados el primer teniente de alcalde de la ciudad, Josep Valls —que también preside el club de fútbol de Lloret— y Joan Perarnau, presidente del club de hockey local.

El TSJC ha asumido toda la la investigación por los delitos de cohecho y prevaricación, después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se inhibiese se inhibiese en su favor porque la causa afectaba a un aforado, Crespo, que es diputado autonómico. El organismo ha levantado el secreto de sumario de esa parte de la causa, mientras que el blanqueo de capitales seguirá en secreto. Petrov y la arquitecta Gimeno son las dos únicas personas que siguen en prisión provisional.

Crespo ha defendido su inocencia a capa y espada y ha sido respaldado por el Gobierno de Artur Mas. “No me imputarán porque no he hecho nada malo”, vaticinó. Se equivocó. Pero algunas de sus afirmaciones ante los medios se han revelado ciertas. Por ejemplo, cuando admitió que viajó una sola vez a Rusia a costa de Petrov. Según el TSJC, ese viaje fue uno de los “regalos” que recibió a cambio de dar trato de favor a la empresa del mafioso ruso. Los magistrados consideran que el viaje fue “privado” y que junto a él viajaron, también, su mujer y su hijo.

El exalcalde, en cambio, defiende que viajó a aquel país en febrero de 2008 para “comprobar” que DDC era “una empresa capaz de hacer una obra con repercusión en el municipio”, en alusión al centro comercial. “Estuve un día entero, me llevaron a visitar la empresa”, afirmó. El diputado pensó que estaba integrada en el grupo Gazprom. Hubo, además, un segundo viaje “oficial” en el que la trama aportó unas “mejoras económicas”, según el auto judicial. Pese a las dádivas, Crespo negó “tajantemente” haber recibido sobres de dinero de la trama, algo que los investigadores tampoco han podido acreditar.

El diputado también defendió que el Ayuntamiento perdonara impuestos a la empresa, una medida que “fue aprobada en el pleno casi por unanimidad”. Y atribuyó la investigación a una “cacería” impulsada por el portavoz del Moviment Independent de Lloret, Marc Fuertes, contra el que su abogado, Manuel González Peeters, ha presentado diversas querellas por injurias y calumnias.

En 2011, la fiscalía ya se querelló contra Crespo por los mismos hechos. Pero el TSJC rechazó investigar el caso por falta de indicios. Dos años después, con los nuevos datos aportados por los investigadores, ha decidido llamarle a declarar. Curiosamente, la ponente designada para tomar esa decisión ha sido en ambos casos la misma persona: Maria Eugenia Alegret, expresidenta del TSJC y miembro de la sala civil y penal de la institución. Alegret se hará cargo también de la investigación del caso a partir de ahora.