Apoyo a la iniciativa ciudadana europea a favor del agua como bien público

Izquierda Unida defendió este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley favorable, aprobada por unanimidad, por la que la Cámara se compromete a defender el agua como derecho humano y su gestión pública.

La iniciativa presentada por IU viene de la mano de Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y la fundación Nueva Cultura del Agua como organizaciones que promueven la Iniciativa Ciudadana Europea en defensa del agua como bien público. Esta iniciativa, que ya se ha admitido a trámite por el Parlamento europeo y que cuenta ya con un millón de firmas, tiene el objetivo de llegar en septiembre a los dos millones de apoyos.

El Tratado de Lisboa posibilita que una iniciativa de este tipo, que cuenta con un millón de firmas de al menos 7 estados miembros, se someta al debate del Parlamento europeo. En concreto se plantea que Europa considere el agua como derecho humano fundamental tal y como planteaba la ONU en 2010.

El objetivo de la campaña, a la cual pretenden sumarse el Parlamento y el Gobierno andaluz, es garantizar el servicio a todos los ciudadanos que residen en Europa y el futuro de las próximas generaciones. Aun cuando el derecho humano al agua y el saneamiento está reconocido por la ONU, no se ha materializado en la Unión Europea y no todos los ciudadanos pueden ejercerlo.

Desde Aeopas y la FNCA se ha defendido la Iniciativa Ciudadana Europea y, junto a IU, se ha promovido la iniciativa objeto de debate en el Parlamento de Andalucía.

Para Izquierda Unida y en palabras del portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento andaluz, Manuel Baena, el primer punto es “la defensa del carácter público del agua” pero también plantea que “resulta difícil que los mercados sean capaces de garantizar los derechos humanos” y por tanto lo que se pretende es “sacar al agua de la órbita de la liberalización de servicios que plantea la Comunidad Europea”.

“Si es un derecho humano debe garantizarse la universalidad, la solidaridad y la sostenibilidad de la misma”, valores que para IU “son bastantes ajenos a los valores del mercados y por tanto, debe ser una gestión que se mantenga en el ámbito de lo público”.

"Asistimos, un día tras otro, al intento de crear un oligopolio en la cuestión del agua. Si bien en un primer momento las liberalizaciones aportan liquidez de los Consistorios municipales, estas suponen hipotecar a los ciudadanos durante los 30 o 35 años que dura la concesión”, denuncia Baena.

Por su parte, el gerente de Aeopas, Luis Babiano, asegura que “los usuarios del agua deben soportar solo los costes de la gestión, las infraestructuras o los vinculados al medio ambiente, como establece la normativa europea”. La repercusión en el recibo del agua de cánones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras hidráulicas sino a otras necesidades financieras del municipio es una puerta abierta a posibles irregularidades, según Babiano, que reclama que se prohíba tal y como se ha hecho en la Ley de transparencia y anticorrupción francesa o que se cree un regulador o un observatorio independiente que vele por la transparencia del servicio.