El juez cita a Unió por lucrarse con los fondos de una fundación

El juez que investiga el presunto desvío de fondos de una fundación afín a Unió Democràtica (UDC) ha acordado que el partido democristiano responda por haberse beneficiado, presuntamente, del desfalco. La formación de Josep Antoni Duran i Lleida recibió diversos servicios y logró la cesión de locales por parte de la Fundación Cataluña y Territorio. El magistrado ha citado a Unió como responsable civil a título lucrativo, como solicitó el fiscal de delitos económicos, Francisco Bañeres.

El caso arrancó de una querella de la fiscalía contra una trama financiera integrada por 30 empresas que orbitaban alrededor del grupo IMS y de la fundación. La trama se hizo cargo del pago de diversos servicios a Unió mediante facturas falsas. Uno de los imputados es un exgerente del partido. Según el fiscal, el beneficio que supuestamente obtuvo la formación alcanza los 176.000 euros, aunque el juez no ha fijado aún una cantidad.

Esos 176.000 euros corresponden, según la querella, a facturas que el grupo IMS —ligado a algunos imputados— y la fundación pagaron a la empresa Kontrast por servicios que se prestaron a Unió. Además, cinco locales propiedad de la fundación fueron vendidos posteriormente al partido democristiano a un precio que, según el fiscal, resulta “a todas luces sensiblemente inferior al del mercado”. Otro de los imputados es el presidente de la Fundación Cataluña y Territorio, Josep Boqué, que fue director general de Consumo en los años noventa.

Esos 176.000 euros corresponden, según la querella, a facturas que el grupo IMS y la fundación pagaron a la empresa Kontrast por servicios que se prestaron a Unió

La figura del “partícipe a título lucrativo” alude a la persona (física o jurídica) que, sin haber cometido un delito, se ha lucrado con él. Hay dos ejemplos muy recientes que lo ilustran. En el caso Pallerols —que se cerró hace unas semanas con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas—, Unió admitió haberse beneficiado con la compra de material y mobiliario para el partido y, como responsable civil, está obligado a devolver parte de la cantidad defraudada. En la misma situación está Convergència en relación con el caso Palau: el juez le ha impuesto una fianza de 3,2 millones para responder por la parte del saqueo con la que se lucró.

El juez también acepta la petición de Bañeres de que se cite a declarar, como testigo, al administrador concursal de IMS, en suspensión de pagos tras el desvío de fondos. El fiscal concluye que, en total, se desviaron de la fundación 1,78 millones de euros. Sus recursos procedían de donaciones de distintas entidades y personas, “cabe pensar que están guiadas por impulsos altruistas con el fin de contribuir a impulsar el sentimiento de nación catalana”.