Sanidad planea pedir al Constitucional la suspensión total de la subasta

El Gobierno decide no solicitar la paralización del concurso en su último recurso

Algunos principios activos sacados a subasta en Andalucía.
Algunos principios activos sacados a subasta en Andalucía. JULIÁN ROJAS

El Gobierno central está estudiando pedir al Tribunal Constitucional que revise las medidas cautelares contra la subasta andaluza de fármacos, levantadas en dos ocasiones por el alto tribunal. Según explican fuentes del Ministerio de Sanidad, la Abogacía del Estado está preparando un informe sobre las posibilidades de que esta petición prospere y evitar así tener que recurrir cada resolución de nueva convocatoria pública que dicte el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La intención, señalan estas fuentes, es que el Constitucional se replantee la suspensión cautelar del decreto ley de medidas urgentes en el que se regula la subasta andaluza.

Mientras la Abogacía del Estado estudia esta petición, el Gobierno central ha optado por no pedir la suspensión cautelar de la subasta en el recurso presentado la pasada semana contra la segunda convocatoria pública de fármacos. Fuente del Ministerio de Sanidad y del Tribunal Constitucional han confirmado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy registró un conflicto de competencias ante el alto tribunal el pasado viernes, pero no ha pedido medidas cautelares. Así, la Junta podrá seguir adelante, por ahora, con la subasta que adjudicó hace unas semanas a 13 laboratorios y con la que espera ahorrar 96 millones de euros este año.

Mato pretende que el tribunal se replantee el levantamiento de la medida cautelar

En los dos recursos anteriores el Ejecutivo pidió al alto tribunal que suspendiera la subasta de fármacos al considerar que invade competencias estatales. El Constitucional, en ambos casos, impuso estas medidas de forma cautelar, pero terminó levantándolas al entender que debía prevalecer el ahorro conseguido por la Junta con la licitación de los principales principios activos. “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, expusieron los jueces, que aún deben pronunciarse sobre el fondo del asunto (si la subasta andaluza invade o no competencias estatales).

Todos en la Junta de Andalucía pensaban que ahora se repetiría el mismo proceso: Sanidad pediría la suspensión cautelar y, salvo sorpresa, el alto tribunal dejaría sin efecto el concurso de fármacos durante unos meses. Aunque las dos resoluciones previas de los jueces que levantaron la suspensión hacían albergar la esperanza a los responsables del SAS de que el Constitucional podía desoír esta vez la petición del Gobierno, los expertos consultados advertían que en raras ocasiones el alto tribunal rechaza las medidas cautelares que pide la Administración central.

Según explican fuentes del Ministerio de Sanidad, el departamento que dirige Ana Mato quiere evitar que se eternice este intercambio de recursos, autos y pronunciamientos entre la Junta, el Gobierno central y el Tribunal Constitucional. La Consejería de Salud ya ha anunciado que preparará una nueva licitación de medicamentos para intentar adjudicar muchos de los que en la última convocatoria han quedado desiertos, lo que supondría, con toda seguridad, un nuevo recurso del Gobierno. El ministerio pretende que, antes de que esto ocurra, el Constitucional se replantee medidas cautelares que imposibiliten nuevas subastas hasta que no haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto ley andaluz.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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