No hay pacto contra la corrupción

Ante la convocatoria que a muchos sorprendió de una huelga de integrantes del Poder Judicial y del ministerio fiscal, junto a quienes se han concitado colegios de abogados de muchas ciudades españolas, sindicatos de funcionarios de la Administración de justicia y un importante colectivo de organizaciones vinculadas con ella y personas anónimas, conviene poner de manifiesto a qué pudiera responder una queja de tal magnitud.

Son tres las principales preocupaciones que nos abordan:

Una. Contra la corrupción no se pacta, se actúa. Sin embargo, no parece que ese sea el sentido de algunas de las medidas que se advierten en la política vinculada con el ejercicio del Poder Judicial, como el bloqueo de la inversión o la inversión sin método ni contraste, cautiva y dispersa; la supresión de más de 1.000 puestos de trabajo de jueces que venían apoyando la función judicial en sustitución, ante la carencia de un número de jueces y magistrados para abordar el volumen de trabajo que se nos requiere; la simbólica convocatoria de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, que ni cubre las vacantes por jubilación o fallecimiento; o el mantenimiento de procesos ineficientes que garantizan la perpetuación de procedimientos complejos como en los que se siente cómoda la corrupción.

Dos. Alterar el modelo constitucional como mecanismo de bloqueo de toda resistencia ante cambios interesados.

Eso se advierte con los proyectos legislativos tendentes a reducir y modificar las competencias del órgano de gobierno del Poder Judicial, de por sí bastante deteriorado; el uso perverso de las mayorías parlamentarias que alcanza hasta la publicación de una ley orgánica para suspender la eficacia de la Ley Orgánica del Poder Judicial por razones manifiestamente interesadas, otorgando efectos retroactivos a una norma que ni siquiera existe (M. Uría); la utilización indebida de la potestad de indulto, que permite sospechar la protección de escenarios de impunidad, vinculados más bien con comportamientos cercanos al tráfico de influencias, haciendo política con la justicia penal.

Tres. Los jueces estamos llamados a responder y a pacificar las indignaciones sociales.

Pero ello resulta complejo cuando se ponen barreras infranqueables para el acceso a la justicia a través de un sistema de tasas desorbitado, que ha reducido en dos meses un 25% el número de reclamaciones legítimas; cuando se abandona la reforma de la oficina judicial que se presentó como panacea con tanto aparato de solemnidad; cuando se anuncia la privatización de los registros civiles; y sobre todo cuando se advierte un alto grado de despreocupación por situaciones graves de supervivencia, que están generando espeluznantes dramas sociales vinculados con la legislación que propicia los desahucios de viviendas o las situaciones de crisis laboral.

Ante tales preocupaciones, “la resistencia” no tuvo más remedio que seguir proponiendo medidas de visibilidad social, pudiendo concluir que:

Uno. En política se negocia, pero cuando se detenta la mayoría absoluta parece más bien que se prefiere el desprecio y la descalificación.

Dos. La huelga no es un objetivo de los jueces y fiscales, pero el seguimiento masivo, que se acercó al 62% de profesionales altamente cualificados —datos del comité de huelga—, ha puesto de manifiesto la extensión del descontento. La Asociación Profesional de la Magistratura tendrá que explicar a sus bases la decisión de su directiva frente a la mayoría democrática que entre ellas la apoyaba.

Tres. Nuestra vocación de servicio suplirá las deficiencias hasta donde seamos capaces, y pueden tener por cierto los ciudadanos que la justicia seguirá brindándoles el mejor servicio que nos dejen prestar.

José María Tomás Tío es presidente de la Fundación por la Justicia