El 23-F del príncipe Felipe

La efeméride, como las fiestas y casi todo lo que tiene que ver con el calendario, es una categoría puramente ritual, religiosa, que responde a la función de consolidar y perpetuar el orden social establecido. Es un mecanismo de reproducción que actúa de manera similar al cuento repetido, una y otra vez, a los niños antes de dormir. Si el relato es idéntico, el niño se dormirá plácidamente, pero si se modifica, la zozobra se transformará en una agitada inquietud que puede llegar hasta el paroxismo. El 23 de febrero de 1981, como todo el mundo sabe, fue una fecha decisiva para la consolidación de la monarquía en España en la medida que consagró al rey Juan Carlos en el papel de defensor de la democracia frente a un ejército franquista que, paradójicamente, había garantizado su llegada al trono. De manera que cada uno de los 23-F se ha convertido, como repetido relato mediático, en una especie de canción de cuna del régimen actual.

Sin embargo, 32 años después, otro 23-F se ha revelado como una fecha clave para la continuidad de la dinastía borbónica al frente de la jefatura del Estado. La monotonía de la repetición del relato se ha visto interrumpida por un hecho nuevo. El yerno del Rey comparece ese día en el juzgado de Palma, imputado por varios delitos de corrupción, y antes de someterse a las preguntas del juez y del fiscal, lee un escrito en el que dice: “Declaro que la Casa de su Majestad el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos”. Con esta declaración la Casa del Rey pretende dejar a la Corona al margen de las actividades del duque, preservando así su propio relato histórico. Y sin embargo, el mero hecho de la redacción del escrito, de su lectura e inmediata filtración oficial del texto, amenaza el sentido de la narración que se pretende preservar.

En la monarquía parlamentaria, según la clásica formulación de Bagehot, al Rey le quedan tres cosas: el derecho a ser consultado, el derecho a animar y el derecho a prevenir. No tiene potestas (capacidad de ordenar a los demás) pero sí auctoritas, es decir la capacidad de condicionar la acción de los demás que reconocen en él una cualidad valiosa.

Y aquí reside el problema, en la progresiva y acelerada pérdida de auctoritas por parte del jefe del Estado que el caso Nóos desvela y que algunos monárquicos supieron vislumbrar con lucidez, antes de que estallara en toda su crudeza, sugiriendo la conveniencia de que el Rey abdicara en favor del príncipe Felipe. Ahora, en medio de la vorágine, ha sido el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, quien, en un alarde de oportunidad política (debate del estado de la nación y vísperas de la declaración de Urdangarin), ha suscitado abiertamente la cuestión, planteando de paso un nuevo problema a su partido que es supuestamente republicano y al que ha situado en la estrategia lampedusiana de cambiar algo para que todo siga igual.

De manera que si el 23-F de 1981 el rey Juan Carlos, haciendo uso de su derecho a prevenir, salvó la democracia y con ello consolidó la monarquía, el 23-F de 2013, con el texto leído por el duque, lo que la Casa de Su Majestad trata de preservar, más allá de la figura de un rey, amortizada históricamente, es la de su sucesor.