Covite reelige como presidenta a Consuelo Ordóñez en medio de la división

El colectivo vasco de víctimas del terrorismo (Covite) ha reelegido como su presidenta a Consuelo Ordóñez, hermana del concejal popular Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, en una crispada asamblea tras la que su rival, Jorge Mota, ha anunciado que impugnará ante los tribunales la elección.

Ordóñez ha obtenido en la asamblea, celebrada a puerta cerrada durante casi cuatro horas en un hotel donostiarra, un total de 186 votos, frente a los 147 de Mota. Este último, hermano del funcionario de prisiones Ángel Mota, asesinado en 1990, considera que la mayoría de los apoyos cosechados por su oponente "no tienen validez", porque "no se ajustan" a los estatutos del colectivo, extremo que Ordóñez rechaza. 

Covite llegó el pasado 27 de enero a su asamblea en medio de una profunda división y denuncias  cruzadas. La cita acabó entonces sin acuerdo y aplazando las votaciones ante la "gran cantidad" de solicitudes de admisión presentadas por ambas candidaturas.

Desde entonces, Ordóñez ha presentado 134 nuevas altas de socios, buena parte de los cuales cuestiona su rival. Mota asegura que de ellos 63 no son familiares hasta segundo grado de consanguinidad de asesinados por la banda y otros 25 son amenazados. Además, 71 que cumplen con los requisitos residen fuera de Euskadi.

Mota interpreta que solo pueden ser admitidas en Covite las víctimas que reúnen las condiciones legales para ser consideradas como tales, que fija en tener hasta el segundo grado de consanguinidad y, en el caso de los amenazados, que hayan sufrido secuelas psicológicas y hayan sido indemnizados por Interior con sentencia firme.

Ordóñez ha declarado tras su reelección que la cuestión crucial de las desavenencias en las votaciones ha sido la de los amenazados, que, a su juicio, deben ser admitidos en Covite porque "están reconocidos" en la última ley. "Que quieren impugnar por el tema de los amenazados, que lo hagan, pero el artículo 5 de la nueva ley de Víctimas hace un reconocimiento expreso a los amenazados", ha sostenido.

A su juicio, todos los socios nuevos admitidos cumplen con los criterios de Covite, que "lleva años peleando por el reconocimiento de víctimas que hasta la fecha no han sido reconocidas como tales".

Mota también ha criticado que la mayoría de las personas que han votado a Ordóñez no vivan en Euskadi, cuando Covite es el colectivo de víctimas de esta comunidad autónoma. La presidenta le ha respondido que ella es vasca, pero se ha tenido que ir por "la campaña de persecución" que ha sufrido. Otros socios viven fuera de Euskadi precisamente por destacarse en su lucha contra ETA, ha añadido.

 "Yo me dejo la vida por los amenazados", ha afirmado Ordóñez, para añadir que ellos son "los grandes desconocidos, por los que ningún Gobierno ha tomado ninguna acción, no se han contabilizado, ni se habla de ellos, no tienen derechos, ni nada".

Ordóñez ha logrado 186 apoyos frente a los 147 de Mota gracias al voto delegado

La junta directiva de la asociación celebró ayer una reunión para analizar las solicitudes de admisión en la que se llegó a un acuerdo para que fueran aceptados los amenazados que cumplen los "criterios establecidos hasta la fecha" para ser socios de Covite. La decisión cosechó cinco votos en contra y otros tantos a favor y fue el voto de la calidad de la propia Ordóñez como presidenta el que desequilibró la balanza.

Mota considera que Ordóñez ha seguido así una "estrategia para aferrarse a la presidencia" y ha lamentado, al igual que la presidenta reelegida, la "penosa imagen" dada por la asociación. De hecho, varios de los presentes han abandonado la reunión tras las votaciones visiblemente crispados y profiriendo insultos.

De los 186 votos conseguidos por Ordóñez, 12 han sido de asistentes a la reunión, mientras 174 procedían del voto delegado. En el caso de Mota, 44 han sido de personas presentes en la asamblea y otros 103 de delegados.

El candidato derrotado ha anunciado que impugnará ante los tribunales el quórum de la asamblea antes del plazo máximo de 40 días, esperando que "la cuestión se dirima cuanto antes", y ha reclamado que se revoque la decisión adoptada ayer por la junta. La asamblea no ha querido rechazar las solicitudes admitidas por este órgano.