¿Un avance del municipalismo?

Hace unos días, el ministro Montoro presentó como “un avance del municipalismo” lo que en realidad es un ataque en toda regla a la capacidad de los ayuntamientos de influir y actuar en beneficio de sus ciudadanos. El anteproyecto de ley presentado, que modifica sustancialmente la vigente ley de bases de régimen local, convierte a los gobiernos locales en administraciones periféricas, sometidas a la tutela jerárquica e invasiva de Diputaciones, Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. En este sentido, no solo no avanzamos, sino que retrocedemos muchos años, volviendo a la concepción jerárquica que confunde racionalización y eficiencia con centralismo y disciplina.

 ¿A quién se le puede ocurrir en plena lógica de gobierno multinivel, con competencias cruzadas de un sinfín de administraciones en cada espacio territorial, postular esa simplista idea de “una competencia, una administración?”. Es evidente que la frase vende. Y conecta bien con ese imaginario que busca racionalizar simplificando y delimitando. Pero cualquiera que conozca un poco el funcionamiento real de las políticas públicas hoy, sabe que eso es pura demagogia, apta solo para ciudadanos cándidos, y de esos cada vez quedan menos. ¿Cómo se puede marginar al grueso de los ayuntamientos de los temas sociales en momentos como estos? A cualquier alcalde o concejal realmente preocupado por lo que está pasando le sonará familiar la frase del ex alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda: “Dónde acaban mis competencias, empiezan mis incumbencias”.

Si uno defiende una mirada política y democrática de los ayuntamientos, no puede aceptar que se conviertan en oficinas administrativas desconcentradas, sin autonomía de decisión ni asunción de responsabilidades. Porque esa es otra. Para defender el giro centralizador y jerárquico, el argumentario montorista se fundamenta en evitar un despilfarro municipal que se da por supuesto, y defender la eficiencia administrativa y el sacrosanto equilibrio presupuestario consagrado por PP-PSOE en la reforma del artículo 135 de la Constitución perpetrada en el 2011. Muchos ayuntamientos a estas horas deben acordarse de la frase pintada en una calle de Atenas: “Rogamos dejen de salvarnos”. El texto deja sin contenido la autonomía municipal consagrada en esa misma Constitución y amplia la concepción de “competencias impropias” a una escala que parece a todas luces excesiva.

En el fondo, se niega la condición de institución política y democrática a los gobiernos locales, al reducir sus funciones básicas a lo mínimo y extender la provincialización forzosa o preferente a todo tipo de competencias y servicios. Ahora resultará que el futuro del municipalismo está en las Diputaciones, instituciones opacas donde las haya, sin control democrático directo de los ciudadanos, y que si tienen sentido, es precisamente como espacio de apoyo y de respaldo a los gobiernos locales, no como ente engullidor y sustitutivo. Sólo faltaba que en el texto se afirme que lo que se pretende es “favorecer la iniciativa económica privada”, argumentando burocratismos e intervencionismos obsoletos, para entender que la crisis se aprovecha para reforzar una concepción que mezcla funcionarización (más espacio para “habilitados nacionales”) con apertura mercantil a servicios hasta ahora en manos municipales.

¿Funcionaba todo bien hasta ahora en el mundo local? ¿No era necesario cambiar concepciones y disfunciones? Las cosas no funcionaban bien y es necesario innovar y transformar. Pero, desde una concepción que parta del reconocimiento de la autonomía municipal, del valor de la proximidad en los servicios públicos, de la importancia de la diferencia y de la identidad locales, y, sobre todo, de la idea que todo cambio exige implicación y proyecto compartido desde abajo. Necesitamos más y no menos municipalismo, Sin duda hay demasiados ayuntamientos, algunos han hecho barbaridades en estos años, existe confusión competencial..., pero la cosa no se arregla con autoritarismo, demagogia y simplificación, hablando de sueldos y de derroche precisamente el ministro de Hacienda del actual gobierno español. Huele una vez más a maniobra de castigo a los menos fuertes, porque a los que debería disciplinarse, a esos, se les debe demasiado.