El TSXG sobre Aurelia Rey: “Nadie elige qué leyes cumplir o no”

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha reconocido que existe "un problema social subyacente" en los desahucios, pero en relación al caso de la  octogenaria coruñesa sobre la que pesa una orden de desahucio que se ha pospuesto gracias a la presión social, ha recordado que "nadie" puede "elegir" qué leyes cumplir.

"Estamos hablando de ejecutar una sentencia firme y eso, en un Estado de Derecho, es algo habitual, normal y obligado", ha recalcado. Por eso, tras pedir que se desligue "el problema legal" del "judicial" y del "social", ha incidido en que "el poder judicial tiene por función constitucional juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". "Y en este caso, se trata de ejecutar una sentencia firme", ha añadido sobre la "demanda de desahucio" por "impago" que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial.

Por ello, Cadenas ha indicado que "no es posible exigir de un órgano judicial" que paralice este desalojo, porque ese "problema social subyacente" es "ajeno realmente a lo judicial". En este punto, ha recordado que el juzgado ya "dio cuenta de la situación de esta señora a los servicios sociales del ayuntamiento". Y ha insistido en su argumentación, "en un Estado de Derecho, nadie puede elegir la vinculación a la ley". "La ley nos vincula a todos, todas las leyes, mientras estén en vigor", ha abundado, para finalizar explicando que no existe el "derecho a elegir" qué normativas cumplir o ignorar.

No sólo ha extendido este principio a la comisión judicial encargada del desahucio sino también, como ha dicho al ser cuestionado al respecto, a los distintos cuerpos que han de colaborar en los desalojos, desde la Policía hasta los Bomberos. No obstante, ha dejado claro que "no es responsabilidad" de la citada comisión "realizar un acto de desalojo" cuando existe "riesgo para su propia integridad física o de las personas que están allí reunidas". "Lo que tiene que hacer en esos casos es suspender y viabilizar que el acto judicial de ejecución de una sentencia se realice con la debida segurida