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Los médicos ofrecen propuestas, pero el Gobierno insiste en la privatización

El Colegio Oficial alerta de que los recortes en sanidad “menoscaban gravemente la calidad”

Elena G. Sevillano

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, acusó a los profesionales sanitarios el domingo pasado, mientras miles de personas se manifestaban en una marea blanca ya de alcance nacional, de querer “estirar el conflicto” en su propio beneficio. Ayer los miembros del comité profesional —lo forman los jefes de servicio de hospitales, directores de centros de salud, el Colegio de Médicos, la asociación de facultativos Afem...— le devolvieron la acusación. “El conflicto sigue abierto porque ellos no tienen interés en cerrarlo”, aseguró el jefe de servicio de Farmacología del hospital La Paz, Jesús Frías, durante una rueda de prensa. “Su planteamiento sigue siendo privatizar por encima de todo”, añadió.

Lasquetty asegura en sus comparecencias que el diálogo con los profesionales sigue abierto, pero lo cierto es que no se ha reunido con ellos en las últimas tres semanas. Sí lo está haciendo con los sindicatos, aunque para tratar cuestiones puramente laborales. El sindicato médico Amyts asegura que discutirá cuestiones como la aplicación de la jornada de 37,5 horas o la prolongación de servicio de los mayores de 65, pero no el germen del conflicto que está a punto de cumplir cuatro meses: la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Ese es el punto irrenunciable para el comité y los sindicatos, y al parecer también para la Comunidad: Sanidad ha rechazado todas las propuestas de ahorro que le han puesto sobre la mesa unos y otros. Sigue manteniendo que solo puede ajustar su presupuesto si entrega la gestión a empresas privadas.

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El problema, tal y como señalaron ayer los profesionales, es que aún no ha hecho público un solo estudio que demuestre la mayor eficiencia (menor coste a igual calidad) de la gestión privada. “Hemos tenido siete reuniones. Hemos pedido datos y no ha facilitado ni uno. Si no se hacen públicos es porque no existen o porque no son favorables a las tesis de la consejería”, señaló Frías, que ejerce de portavoz del comité profesional.

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha denunciado “el bloqueo del conflicto sanitario”. Después de cinco semanas de huelga indefinida de médicos, “la Consejería de Sanidad ha perdido interés por avanzar en las negociaciones con los profesionales”, asegura en un comunicado. La institución, la mayor de España, con cerca de 40.000 colegiados, rara vez se había mostrado crítica con la Administración regional antes de que estallara este conflicto, en noviembre pasado. Las declaraciones públicas del Colegio han ido subiendo de tono a medida que pasaban las semanas. El lunes aseguraba que “ya está recibiendo información de profesionales que ven menoscabada gravemente la calidad asistencial que prestan en virtud de los recortes que sufren ciertos servicios o instituciones”.

El Colegio, además, ya no se limita a la queja pública. Ya está estudiando impugnar resoluciones dictadas por la Consejería de Sanidad, como la del 31 de enero pasado, que “detrae de manera efectiva asistencia médica reglada a los pacientes madrileños”. Y en cuestión de semanas, anuncia, tendrá funcionando una Comisión de Calidad que detecte dónde, por motivos económicos o derivados de recortes o privatización, “se ha dejado de prestar una atención sanitaria de mínima calidad”.

La última propuesta firme de los profesionales llegó a la consejería el pasado día 11. Se ofrecen a crear unidades de gestión clínica en los hospitales; es decir, a asumir más competencias para conseguir un mayor ahorro. “Es un plan de choque. Les ofrecemos una salida para conseguir lo que querían, que es ahorrar. Si no aceptan hablarlo es porque en realidad su objetivo no era ese, sino privatizar la sanidad pública madrileña”, señaló ayer Frías. La viceconsejera Patricia Flores reiteró que siguen abiertos “al diálogo”, pero que las propuestas de ahorro deben poder aplicarse en 2013 y no ser a medio o largo plazo.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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