El arrepentido que tumbó a Los Pasteleros

La Sección Primera de la Audiencia Nacional celebrará a partir del 20 de marzo uno de los mayores procesos contra el narcotráfico, que se fraguó en la pasada década contra una de las nuevas y más potentes organizaciones que emergieron en Galicia con la última oleada de desembarcos en la Ría de Arousa.

Con un enorme patrimonio embargado de propiedades y negocios, 19 miembros del llamado grupo de Los Pasteleros se enfrentan a elevadas condenas que suman 209 años de prisión y multas de 6.834 millones de euros que se derivan del importante cargamento de cocaína apresado en el buque San Miguel, que fue abordado por Aduanas en alta mar el 1 de junio de 2008 con nueve tripulantes a bordo.

El pesquero de bandera venezolana, que hacía el final de su periplo por el Atlántico con una vía de agua, transportaba 144 fardos de coca con un peso de 3.429 kilos y una pureza del 70,94 por ciento. El kilo de cocaína de esa calidad se pagaba entonces en el mercado negro a 32.700 euros, por lo que el alijo incautado habría alcanzado un valor de 110,5 millones. Las millonarias multas impuestas para cada acusado se estipularon entre el doble y el triple del valor del cargamento.

Cuando el barco y la lanzadera que iba a recoger el cargamento fueron apresados nadie sospechaba que detrás de este envío de droga se encontraba una de las bandas más buscadas: Los Pasteleros. Desde la cúpula de esta organización trabajaba un empresario pastelero, Óscar Rial Iglesias, de 39 años, que financiaba las voluminosas operaciones de cocaína que importaba la banda desde Colombia. Junto a él se encontraba un bregado marinero con antecedentes por narcotráfico que ya había practicado con otras conocidas bandas gallegas. José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, que se dedicaba a contactar los envíos con el cártel colombiano al que llamaban La Oficina. Se enfrentan a 18 años de cárcel

El marinero José Luis Fernández Tubío, de 50 años, con dos condenas a sus espaldas, se encontraba en prisión por esta causa cuando decidió colaborar con la justicia. Seis meses después de su detención a bordo de la lancha que iba a recoger el alijo del San Miguel, el arrepentido salía de la cárcel para colaborar en la detención de sus jefes y todo su equipo, acusaciones que ahora tendrá que reproducir ante el tribunal.

Tubío era más que un marinero en el organigrama de la banda y había viajado a Venezuela para ultimar los preparativos de algunos cargamentos. Era el encargado de contactar con los barcos nodriza y coordinar los desembarcos. En su domicilio de Escarabote (Boiro), la policía encontró numerosas pruebas de su activa participación en las operaciones de Los Pasteleros: billetes de avión a Caracas y relación manuscrita de teléfonos y frecuencias de radio que coincidían con el San Miguel.

El testigo de cargo desveló la capacidad de la banda para mover ingentes cantidades de cocaína. Sólo en 2008, habían contratado envíos con el citado cártel de entre 15 y 20 toneladas de cocaína. Las confesiones de Tubío hicieron posible que en octubre de 2009, la Audiencia Nacional dictara auto de procesamiento por narcotráfico y blanqueo contra la organización, al tiempo que decretó el embargo de todos los bienes y empresas que estaban a nombre de los acusados y de testaferros.

El arrepentido cerró el círculo de la jefatura de la banda apuntando al empresario naval José Andrés Bóveda Ozores, apodado Charly y Sandokán, como encargado del aprovisionamiento de lanchas; a Francisco Padín Fernández, Fran El Pardillo, experto en el montaje de motores, vigilancia y almacenamiento de la droga, y el lanchero Juan Carlos Cañón que, junto a su hermano Miguel, desembarcaba la droga en tierra.