"Es imposible calcular cuánto vale lo no incautado"

El Consejo Fiscal acaba de renovarle unánimemente por cinco años como fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. En este mandato, José Ramón Noreña pretende ganar la batalla al blanqueo de dinero y evitar que el inmenso agujero económico acumulado en las dos últimas décadas por la ruina en la que acaban muchos bienes embargados a narcotraficantes siga dando pérdidas al Estado. Los embargos en los últimos cinco años, sólo a bandas gallegas, superan los 600 millones de euros.

Para Noreña "es imposible calcular el valor de los bienes que no han podido ser incautados", pero aclara que ya existe un protocolo para la venta anticipada de bienes, en los supuestos legalmente previstos. Para evitar la ruina de inmuebles y bienes perecederos como barcos o vehículos, el fiscal afirma que se están adoptando medidas en macro-procesos como el de la organización del difunto Manuel Abal, Patoco, en el que están inmovilizados 30 millones de euros; el dirigido contra el grupo liderado por Óscar Manuel Rial Iglesias, El Pastelero, con 500 millones de patrimonio, o el de Marcial Dorado, de 20 millones. "La fiscalía hace un seguimiento de los sumarios de la Audiencia Nacional, aunque su complejidad se traduce en una ralentización que no beneficia a la Justicia", señala, "y he propuesto que se supriman los recursos contra el juez de Instrucción, salvo las que se refieren a la situación personal de los imputados".

Déficits de la justicia

Mientras se está poniendo en marcha la Oficina de Recuperación de Activos como depósito para los embargos más vulnerables al paso del tiempo, el fiscal explica que la solución pasa por implantar equipos de investigación y órganos judiciales y fiscales especializados en delincuencia económica, además de por facilitar el acceso a archivos y registros de la propiedad o mercantil, así como por implantar el archivo de titularidades financieras.

Sobre el proceso contra el narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, en el que se embargaron más de 20 millones de euros sin administración judicial por falta de medios. Noreña cree que se trata de un caso paradigmático de los déficits de la Justicia. "Es necesario regular detalladamente las distintas medidas cautelares a adoptar porque los inmuebles difícilmente serían susceptibles de enajenación anticipada, así que deberían ser objeto de administración ágil y eficaz", concluye el fiscal.