La Xunta negocia con el abogado de la anciana amenazada de desahucio

La negociación y la busca de alternativas sustituyeron ayer la tensión y fuertes altercados que marcaron la víspera la abortada ejecución, gracias a la movilización ciudadana, de la orden judicial de desalojo de Aurelia Rey, de 86 años, del piso de alquiler de renta antigua en el centro de A Coruña en el que vive desde 1979. La amenaza de desahucio de esta modista octogenaria sigue viva. Pero ya se empezaron a abrir vías para solucionar un caso que despertó la solidaridad de gente de todas las edades y condiciones.

“El factor negociación lo es todo, porque el lanzamiento [de la orden de expulsión] es inevitable a no ser que no persistan los dueños de la vivienda en pedir la ejecución” de una sentencia de desalojo que es firme, remarcó el abogado Antonio Vázquez. Asumió ayer mismo, de forma desinteresada, la defensa de Aurelia. Y multiplica desde entonces las gestiones con la Xunta en busca de alternativas, una vivienda de alquiler social en un barrio próximo a aquel en el que lleva 40 años la anciana. La oficina judicial encargada de ejecutar el desahucio garantizaba, por su parte, que no volverá a intentarlo esta semana. Y se abrió también la vía del diálogo con la propietaria del piso. Está dispuesta a dar tiempo a su inquilina para buscar otro piso.

Mientras, en el portal del edificio, en el corazón de A Coruña, continúa la vigilancia ciudadana. Reina la desconfianza tras los dos intentos del lunes, en medio de fuertes altercados con la policía nacional, de desalojo forzoso. Allí pasaron la noche una decena de voluntarios de Stop Desahucios y desde primera hora un centenar de vecinos, activistas y concejales de la oposición montaron guardia por turnos para evitar la expulsión de la mujer, ordenada por sentencia firme tras retrasarse unos días en el pago de una mensualidad, 126 euros.

Aurelia Rey rechaza el piso que la Xunta le ofrece a las afueras de A Coruña

Reconfortada por la movilización ciudadana que ya impidió tres veces en una semana su desahucio, Aurelia insiste en que tiene “todo pagado y legal”. Rechazó ayer las dos primeras viviendas de alquiler social que le propuso, tras mediar el Valedor, el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Situados a la entrada de la ciudad, son pisos alejados de su barrio. Supondría un desarraigo social al “desubicarla de su círculo de amistades y vecinos. A su edad, trasplantarla le causa mucho trastorno”, explica su abogado.

Aurelia, natural de Lousame y costurera de profesión, vive sola. Sin hijos, su familia más cercana lleva décadas en Buenos Aires. “Solo quiero que me arreglen esto”, clama. Por momentos está indignada porque lleva años luchando en solitario, hasta ahora, contra los intentos de sus arrendatarios de obligarla a liberar ese antiguo pero habitable piso en la novena planta de un céntrico edificio. “Me hicieron la vida imposible, deberían estar en el infierno por todo lo que me hicieron”, se queja Aurelia enfadada por ser la que tiene las de perder cuando fueron sus caseros “los que se fueron de rositas sin pagar nunca a Hacienda” por un piso del que incluso carece de contrato de arrendamiento. Nunca se lo quisieron hacer, desde que entró pagando 15.000 pesetas al mes en 1979.

Describe orines en el rellano, recibos de alquiler que misteriosamente nunca se daban por cobrados, una habitación quemada por “un petardo” que entró por la ventana. Pero Aurelia se resigna a mudarse. Aunque no a una residencia de ancianos, la única alternativa que defiende el alcalde, Carlos Negreira. “A ver qué viviendas plantea la Xunta”, añade el abogado de una octogenaria en plena forma y enormemente agradecida por la solidaridad. Se emocionó al saber que bomberos de A Coruña se negaron a reventar la cadena del portal de su edificio para impedir que entrase la comitiva judicia a desalojarla. No habrá ninguna medida disciplinaria, prometió ayer el alcalde.