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Una treta de los abogados de Josep Prat aplaza su declaración ante los tribunales

El expresidente del ICS y Carles Manté están acusados de estafa y malversación

Josep Prat.
Josep Prat.

Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de Innovaholding empresarial del Ayuntamiento de Reus— y Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), debían declarar ayer en el juzgado de instrucción 3 de Reus como imputados por los pagos irregulares que Innova hizo a Manté entre 2007 y 2011 por un total de 720.120 euros (sin IVA). Las declaraciones, sin embargo, quedaron aplazadas hasta nueva fecha (aún por concretar) después de una nueva treta de los abogados de Prat para frenar las comparecencias.

El caso se remonta al pasado 19 de junio, cuando Ara Reus denunció el caso después de que EL PAÍS publicara la existencia de cerca de 50 facturas por las que Innova pagó durante años a Manté 13.000 euros mensuales a cuenta de “honorarios” de “consultoría estratégica”. Según anunció el Ayuntamiento de Reus, todos los pagos habían sido autorizados por Prat como máximo ejecutivo de Innova y fueron canalizados a través de la empresa CCM Estratègies i Salut, propiedad de Manté y su esposa.

El expresidente del ICS y el exdirector del Catsalut tenían que declarar el 22 de noviembre pasado por los delitos de estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. La cita se aplazó porque el abogado de Manté, David Rocamora, alegó tener el mismo día otro caso en Barcelona. Las comparecencias se fijaron para ayer pero el letrado de Prat, Xavier Melero, presentó información adicional para retrasarlas. La juez necesita ahora tiempo para analizarla con lo que las declaraciones han vuelto a aplazarse, esta vez sin fecha prevista, explicó la abogada de Ara Reus, Dolors Vàzquez.

Aún así, ayer sí acudieron a dar su versión el interventor y el secretario municipal del Ayuntamiento de Reus, quienes realizaron un informe demoledor cuando los pagos salieron a la luz, remarcando la inexistencia de un “concurso público para la adjudicación” de los trabajos y alegando que los honorarios, además, estaban “injustificados”.

Cuando las partes ya estaban en la sala, sin embargo, los abogados de Prat y Manté se unieron, alegaron un error de forma y lograron suspender las declaraciones. “Se ha suspendido por una cuestión técnica pero no implica nada con la investigación que se está haciendo”, afirmó Vàzquez. La abogada de Ara Reus dijo que el partido tiene tres días para reconvertir su denuncia en una querella, decidir si se presenta como acusación popular y después abonar una fianza. Pese a los problemas, el partido confía en que el caso siga adelante. “El tribunal ha dejado claro que en lo más breve posible, seguramente 15 días, volverán a citar a declarar a los testigos y después a los imputados”, zanjó Vàzquez.