La Generalitat se propone duplicar este año las ayudas para desahuciados

La crisis económica y social ha dado un vuelco a la política de vivienda de la Generalitat. Y si esta hace un lustro procuraba favorecer el acceso a una casa a colectivos los jóvenes, ahora la prioridad es evitar que los ciudadanos pierdan su hogar. Solo en los nueve primeros meses de 2012 se produjeron 21.211 desahucios. Con esos datos en la mano, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, explicó que el Plan de Vivienda para los próximos cuatro años dará prioridad a los programas sociales, a los que destinará 200 millones de euros en este periodo. Solo este año, de momento, Vila prevé duplicar “el número de familias en riesgo de desahucio” atendidas. En concreto, cerca de 4.000 hogares estarán dentro de ese programa para desahuciados a finales de año, que contempla ayudas de hasta 3.000 euros anuales.

 El plan fue aprobado por el Consell Executiu de ayer, por lo que ahora se elaborará el decreto correspondiente para el mes de marzo. El documento prevé reforzar la parte de ayudas sociales en detrimento de la producción de viviendas de obra nueva, en especial dado que hay casi 80.000 viviendas vacías recién construidas que no hallan comprador. De hecho, Vila recordó que 2012 se cerró como el peor año de la serie histórica disponible en cuanto a construcción de viviendas: solo se levantaron 5.311 casas, una cifra inferior a las casi 8.000 de 2011 e irrisoria frente a las 127.117 viviendas que se iniciaron en 2006.

Uno de los obstáculos con los que se está hallando el Gobierno catalán es con que la banca suelte más inmuebles, al margen del fondo social del banco malo. Para ello, el Ejecutivo catalán está ultimando la creación de nuevas formas de tenencia de viviendas para que las familias que tengan problemas para abonar la hipoteca al banco puedan pactar “titularidades compartidas” con las entidades financieras, lo cual les debería permitir seguir ocupando su vivienda. “Tenemos encarrilada la reforma del Código Civil para crear la propiedad intermedia y la propiedad intermedia de viviendas”, aseguró Vila. Además, el plan prevé “reforzar e institucionalizar” el servicio para asesorar e intermediar ante la banca en situaciones de desahucio. Desde su creación por el tripartito, esa oficina ha gestionado ya más de 3.000 casos.

La búsqueda de nuevas regímenes se justifica, según el Ejecutivo, en que la propiedad, hasta hace apenas unos años la fórmula por la que optaba una aplastante mayoría de catalanes, ha pasado a ser un “lastre” para muchos ciudadanos. Según el consejero, casi el 85,67% de los demandantes de vivienda protegida —inscritos en el registro público de la Generalitat— piden una vivienda en alquiler, y solo el 33,27% está dispuesto a hacerse con un piso en propiedad.

Sin concretar cómo, el plan también se ha fijado como objetivo actuar en áreas con riesgo de exclusión social que, según el documento que el Ejecutivo catalán ha repartido, ya están identificadas. En 2010, el Gobierno tripartito encargó un estudio que detectó 129 barrios en varias ciudades y pueblos de Cataluña con bolsas de casas en las que sus ocupantes residían de forma insalubre. Ese documento estaba dentro del Plan Territorial Sectorial de Vivienda, en el que se detectaban 432 municipios con fuerte demanda. La crisis lo ha puesto todo patas arriba y ahora, según la Generalitat, en 362 localidades esa presión compradora ha desaparecido.